Según informes de la Policía Nacional, Carlos Tuñón Pretelt tenía antecedentes penales y había cumplido condena en el mes de noviembre del 2004 por el delito contra la fe pública.
Tuñón además había sido reseñado por unidades del Departamento Antidrogas de la DIIP en el año 2005 por presunto delito relacionado con drogas.
La investigación va encaminada a determinar la relación de la muerte de estos panameños con el "tumbe" o robo de drogas registrados en Río Abajo, en la entrada del residencial El Bosque y en Parque Lefevre.
Fuentes de investigación, revelaron que estas tres muertes se agregarán a las pesquisas que se llevan sobre los asesinatos de una pareja de colombianos en el Corredor Sur, un asiático en Monte Oscuro, una mujer en el área de La Porqueriza en Río Abajo y un hombre en Santa Ana, supuestamente hermano de un reconocido "tumbador" de drogas.
La Policía reveló que el vehículo donde fueron ubicados los tres cadáveres, es propiedad de Gilberto Cecilio White Sargent, quien labora en la ACP.
Whiteaseguró a las autoridades le vendió el auto a un hermano de Tuñón, por lo que se encontraba en proceso de traspaso y luego dijo que el vehículo lo mantenía dentro de un taller.
Entretanto, Jaime Jácome, director de la PTJ, sostuvo que ni siquiera se esperó las horas de la noche para cometer los crímenes, lo que evidencia una delincuencia más osada que tiene menos respeto por la seguridad.
"Nos obliga a mejorar nuestra capacidad de accionar, de todos los entes, tanto los encargados de la prevención del crimen como a los encargados de la investigación", expresó.
Sobre las investigaciones, informó que los hoy occisos estaban involucrados en bandas dedicadas a los delitos de robo y hurto de autos. Dijo que se procedió al levantamiento de las huellas y el cotejo de balística de los casquillos encontrados en el auto.
En Panamá la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes constituye, un delito grave a partir de la promulgación de la Ley 16 de 31 de marzo de 2004.
El evento de ayer fue presidido por la Comisión Nacional de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), conjuntamente con OIT/IPEC y periodistas.
