Los poderes extraordinarios otorgados al presidente Martín Torrijos no solo lo facultan para adoptar medidas de seguridad, sino que, además, podrá tomar acciones políticas y económicas.
Además de los poderes para legislar por decreto en materia de seguridad nacional, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de Contrataciones Públicas, donde en una de sus partes le permite al presidente no divulgar las compras en Panamacompra, cuando se consideren adquisiciones de seguridad nacional.
De acuerdo con el Artículo 56 del documento, "en los casos de adquisiciones de suministros, servicios u obras que se realicen y que guarden relación con la seguridad ciudadana, presidencial y del Estado, no será necesario publicar la intención de contratar".
Agrega que sólo se requerirá la autorización del Consejo de Gabinete, cuando el monto de la contratación exceda los B/ 3 millones.
Adicionalmente se facultó al Ejecutivo para que establezca el monto de las indemnizaciones a los transportistas, que se den en función del nuevo proyecto de modernización del transporte, sin el avalúo de la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, como se hace comúnmente.
Se pasarán por alto los procedimientos normales de selección de contratista en los contratos considerados de "urgente interés local o de beneficio social", incluyendo los proyectos relacionados con el desarrollo de recursos energéticos, hídricos y otros de importancia estratégica, lo que para algunos consultados sugiere que se podrán dar contrataciones directas en estos casos.
En el tema del "equilibrio contractual" cuando por circunstancias posteriores a la celebración del contrato se registren aumentos en los artículos de construcción, el Estado reconocerá estas alzas, aunque no estén pactadas en el contrato.
El ?"rgano Ejecutivo someterá a la Asamblea Nacional, al inicio de la próxima legislatura ordinaria, los decretos leyes que dicte en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la presente Ley.
Espionaje.
El gobierno de Torrijos planea la creación del Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (SENIS), organismo adscrito al Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, que estará integrado por el Presidente, el Canciller, el Ministro de Gobierno y el director del servicio de inteligencia.
Para los detractores de este proyecto, este organismo es la versión civil del desaparecido G2, de las extintas Fuerzas de Defensas, que violó los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
