Cinco artículos del decreto ley sobre Servicio de Inteligencia relacionados con pinchazos telefónicos y confidencialidad fueron modificados en el documento que se entregó al Ejecutivo para su aprobación.
Entre los artículos modificados también está el que se refiere a sanciones contra quienes "perturben" las instalaciones de esa dependencia, así como otras entidades del país.
Lo anterior lo informó el viceministro de Gobierno y Justicia, Severino Mejía, quien señaló que acogieron recomendaciones de organizaciones civiles que advierten que supuestamente el contenido de estos artículos tenía "visos de inconstitucionalidad".
Discrepancia.
Los polémicos artículos 51, 53, 71, 74 y 75 son algunos de los rechazados por la sociedad civil y los partidos políticos.
Estas organizaciones advierten que se podrán levantar derechos y garantías fundamentales cuando lo considere necesario el director del Servicio de Inteligencia, así como las penalizaciones a los que organicen y realicen actividades que "afecten" las "zonas de seguridad".
Sin embargo, existe completo hermetismo sobre el contenido de las modificaciones hechas a los textos que originalmente presentó el Ejecutivo. Entonces habría que esperar hasta el 31 de agosto cuando el presidente Martín Torrijos apruebe los cinco decretos ley con los poderes extraordinarios concedidos por la Asamblea.
Aprobación.
El ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, adelantó que ayer se entregaron al Ejecutivo los documentos que contienen estas modificaciones para que sean analizados por el consejo de ministros en su reunión-desayuno de todos los lunes.
El funcionario lamentó que los partidos políticos no hayan presentado sus propuestas o que le permitieran asistir a sus sedes para ampliar las consultas sobre el tema.
Rechazo.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia aseguró que estos decretos "contradicen" resoluciones y acuerdos internacionales suscritos por Panamá. Asimismo que "excluye" al Ministerio Público de la facultad constitucional de dirigir investigaciones criminales para otorgar esta función a estamentos de inteligencia vinculados al Ejecutivo.
