El procurador José Antonio Sossa acusó a los planificadores gubernamentales de no considerar a la justicia como una parte importante del Estado. Sossa aseguró que el Ejecutivo realiza recortes al Organo Judicial y al Ministerio Público sin tener conocimiento de las necesidades de estas instituciones.
Según el procurador, sólo la Asamblea Legislativa puede recortar el presupuesto del Organo Judicial y del Ministerio Público, pero en los últimos años el Ejecutivo se ha tomado esta atribución y luego lo envía al Pleno Legislativo, en donde es casi imposible reponer lo recortado. A manera de ejemplo, Sossa señaló que para el año 2002 el Ministerio Público solicitó un proyecto de presupuesto de B/.107 millones y sólo se le aprobaron B/.46.6 millones.
Mientras que para el año 2003 se elaboró un anteproyecto de presupuesto de B/.94.8 millones y se le concedieron B/.43 millones, suma que ni siquiera cubría las necesidades integrales del Ministerio Público.
Estimó que el problema radica en el concepto equivocado de los planificadores económicos del Gobierno que no consideran a la justicia como una parte importante o productiva del Estado.
Agregó que estos recortes generan la imposibilidad de dar atención adecuada a las necesidades de la justicia y propician la falta de recursos materiales necesarios para atender la gran cantidad de casos que se tramitan.
Detalló que en el Ministerio Público sólo existen ocho auditores que atendieron en el año 2002 unos 40 peritajes, de los 113 requeridos, y en el 2003 han hecho 16, de los 42 solicitados a la fecha.
Sostuvo que para lograr una atención eficiente en esta materia se requieren por lo menos 16 auditores. En cuanto al Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, el procurador Sossa reveló que siete siquiatras en el 2002, atendieron 731.5 casos mensuales cada uno.
