Ejecutivo no pretende sufragar más jubilaciones anticipadas

El Organo Ejecutivo pretende "no sufragar" el costo de ningún régimen especial o jubilación anticipada, una vez se apruebe el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) para los docentes del Ministerio de Educación.
Según el texto original del proyecto que crea el PRAA, se modificará el artículo 22 de la Ley 8 de febrero de 1997, mediante la cual se eliminaron las jubilaciones especiales para todos los empleados del Estado o trabajadores de cualquier actividad privada.
La propuesta del Ejecutivo --presentada por la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata-- dispone que se excluye únicamente de los retiros anticipados o régimen especial de jubilación, a los miembros permanentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá y los agentes de la Policía Nacional.
El proyecto que crea el PRAA fue aprobado en primer debate por la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa y está pendiente de aprobación en segundo y tercer debate por el pleno de la Asamblea Legislativa.
Las jubilaciones especiales fueron eliminadas en su totalidad por la administración de Ernesto Pérez Balladares en 1997 por medio de la Ley 8 de este año y a partir de ese momento, todos los funcionarios deben jubilarse a la misma edad, que es 57 años las mujeres, y 62 los varones, siempre y cuando hayan cubierto las cuotas que exige la Caja de Seguro Social (CSS).
Desde la instalación del actual gobierno, diversos grupos entre estos las enfermeras y los trabajadores de la construcción, han expresado sus intenciones de pelear por una jubilación anticipada que les permita retirarse antes de la edad que exige la CSS y con una pensión decorosa.
Incluso durante la discusión en primer debate del proyecto de ley que crea el PRAA, Dinni de Gómez, quien fuera la dirigente de las enfermeras en 1997, cuando se eliminaron las jubilaciones especiales, ha estado siguiendo de cerca la discusión de esta propuesta y participó como oyente en la mayoría de las reuniones en las cuales se discutió en primer debate.
Corresponderá al pleno legislativo aprobar en segundo y tercer debate esta propuesta, a fin de determinar si se elimina mediante una ley, la posibilidad de que otros grupos de funcionarios puedan beneficiarse con jubilaciones anticipadas o se deja abierta una puerta.