El Gobierno se convirtió ayer en blanco de críticas cuando el ministro de la Presidencia, Rubén Arosemena Valdés, pidió a la Asamblea conceder al Órgano Ejecutivo facultades extraordinarias mediante el procedimiento de los Decretos - Ley tal como establece el Artículo 159 de la Constitución.
Aunque la iniciativa busca modernizar a cuatro instituciones vinculadas al turismo, la migración, la banca y los servicios aduaneros, Guillermo Ford, presidente del partido Unión Patriótica, hizo hincapié en que "estos temas no tienen ninguna urgencia notoria y que los panameños deben estar alerta ante esta situación".
Con los poderes extraordinarios, el Ejecutivo pretende establecer la política migratoria del Estado panameño creando un régimen general de migración y naturalización a fin desarrollar la migración e inmigración de extranjeros y nacionales.
El decreto establece requisitos de ingreso y egreso del territorio nacional y crea el Consejo Consultivo de Migración, como órgano de consulta y asesoría del Servicio Nacional de Migración.
"Esto es una forma en donde el Ejecutivo adopta poderes plenipotenciarios para meter artículos de su interés sin permitir el debate", apuntó el economista.
Ford y Soto coincidieron en que esta decisión es "innecesaria", aduciendo que este periodo legislativo se ha caracterizado por un "ausentismo y un ocio impresionante" porque los diputados no han logrado el nivel de productividad que esperan los panameños.
El Decreto -Ley también está relacionado con el régimen bancario y procura modificar el Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998 a fin de ampliar la regulación de este sector.
Esta es la primera iniciativa producto del Diálogo de la Concertación Nacional, que se presenta a la Asamblea Nacional.
El Consejo crea los mecanismos de seguimiento y verificación integrados por tres niveles: la plenaria del consejo de concertación, el gabinete social y la secretaría de metas presidenciales.
