El 10% de reos del país fueron detenidos injustamente

El 10 por ciento de la población penitenciaria del país, integrada por más de nueve mil personas, ha sido enviada a la cárcel únicamente por no portar su cédula de identidad, lo que a juicio de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, es una violación a los derechos humanos.
Ayer, durante la inauguración de la Primera Jornada de Capacitación para corregidores y jueces de Policía de los distritos de Panamá, San Miguelito y La Chorrera, Montenegro de Fletcher urgió a buscar acciones que eviten que se cometan abusos de autoridad, como los que se están dando.
Por ello, recomendó medidas alternativas de sanciones, como el trabajo comunitario. "Se puede sustituir una sanción de arresto por trabajo en la comunidad", dijo la funcionaria.
"Si una persona no porta su cédula y no se encuentra en flagrante delito no se le debe privar de su libertad", aclaró.
Aún cuando destacó la importancia que tiene el corregidor y el juez policial a lo interno de la comunidad, expuso que ellos deben comprender que su mandato tiene límites y que las disposiciones contenidas en los códigos no los convierte en dioses.
"El juez debe aplicar medidas alternas que eviten agudizar los problemas que se presentan ante su autoridad, actuando con transparencia, equidad y responsabilidad", señaló.
Otro argumento que según la Procuradora de la Administración no puede ser utilizado por las autoridades locales para enviar a una persona a prisión, es el del irrespeto a la autoridad, porque en muchos casos se aplican penas exageradas a las que no se les da seguimiento y ello provoca que una persona permanezca en la cárcel más tiempo del asignado.
En el acto, realizado ayer en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (ULACIT) bajo la coordinación del Club Rotario Panamá Sur y el Instituto de Criminología, Montenegro de Fletcher instó a los presentes a adoptar los mecanismos que les permitan una adecuada administración de la justicia.
Mientras tanto, resaltó los esfuerzos que realiza la Procuraduría de la Administración para capacitar a los profesionales encargados del ejercicio de la justicia.