El ATLAPA es el centro de tormentas judiciales

UNA HISTORIA que pocos conocen es la que está detrás de lo que llamamos el Centro de Convenciones Atlántico-Pacífico (ATLAPA).
El telón del teatro se abrió y se pudo conocer que estos terrenos donde está ubicado el majestuoso complejo de ocho hectáreas, en la década de los 70 fue la sede del antiguo Jardín Catalina, el Club Naútico y la Casa Luis, entre otras propiedades expropiadas en 1975 por el régimen militar a la familia Berrocal para construir el Centro de Convenciones.
Las autoridades y la familia Berrocal no se pusieron de acuerdo sobre el precio de los terrenos. Los Berrocal exigían la suma de B/.26 millones, pero el Estado solamente estaba dispuesto a pagar B/. 5,000. Al darse de esta situación, el caso llegó a las autoridades judiciales, en donde el juez ordenó realizar un peritaje y se estableció que el valor de los terrenos era de B/. 2 millones.
Antes de la expropiación, los terrenos, de aproximadamente 5,000 metros cuadrados, estaban hipotecados como garantía para un banco que quería establecer Jaime Berrocal en Panamá y que se llamaría "Banco para el Progreso", el cual no pudo concretarse.
Ante la adversidad, la familia Berrocal lucha contra el Estado para que les paguen B/.2 millones de balboas en indemnización por los terrenos, así como el dinero de la hipoteca con los bancos que se ha ido incrementando.
A esta historia se une la privatización del ATLAPA, que desde 1997 se intenta, pero no se concreta. Una de las razones puede ser que hasta la fecha estos terrenos están en pleito en la Corte, según Berrocal.
El ATLAPA también figura en la demanda por daños y perjuicios del Grupo Arena y su representante legal, Gabriel Méndez, quienes dicen que les despojaron la adjudicación de la privatización del Centro.
A Berrocal e Industrias Progreso S.A. se les expropiaron siete fincas de las 33 que forman parte del ATLAPA. Este acto se realizó mediante el decreto No. 7 de 1975 que ordenaba al IPAT la ocupación inmediata de las tierras y el pago de 97,749.00 (valor catastral).
Bajo este concepto, el IPAT pagó 5,779.42 al IDAAN y al Ministerio de Hacienda, luego se le dio a Industrias Progreso y Jaime Berrocal la suma de B/. 41,969.58.
Después, en junio de 1975, se consignan B/. 50,000.00 a favor del Banco para el Progreso S.A. que a la fecha aparecía como acreedor hipotecario.
Sin embargo, el pago no fue posible toda vez que la Comisión Bancaria Nacional disolvió el banco porque no cumplió en el término de 90 días con los requisitos para que se le otorgara una licencia bancaria.
El IPAT ha recibido recursos atendidos por su Junta Directiva, siempre bajo el concepto de que no emitió la acción de expropiación y mal puede modificarla o pagar una indemnización que no está contemplada en la norma legal.
El proceso de juicio ordinario contra la Nación avanza por la suma inicial de B/.25 millones, argumentando que el Estado no indemnizó adecuadamente.
La familia Berrocal se pregunta cómo es posible que un decreto de expropiación esté por encima de la Constitución y el Código Civil, que establecen claramente que el derecho de propiedad se respeta, y en caso que las partes no se pongan de acuerdo en cuanto al precio, es un juez, a través de un perito, quien determina el monto de la indemnización.