Esa fue la conclusión a la que llegaron ayer directivos de ambas entidades en el proceso de investigación que realiza la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional por la compra a muy bajo costo de 25 hectáreas de tierras en Punta Chame hechas por Espino, quien también es señalado por la presunta violación a normas ambientales.
De acuerdo con Cris Poveda, asesora legal de la ARAP, Espino no tenía los permisos correspondientes para devastar los manglares existentes en esta zona, y enfatizó que al mismo se le llamó la atención en varias ocasiones sobre esta situación.
Por su parte, la administradora de la ANAM, Ligia Castro de Doens, indicó que la entidad adelanta otro proceso administrativo porque no se presentaron los estudios de impacto ambiental ni para la tala de mangle ni para la remoción de arena o la realización de rellenos en la zona.
Explicó que específicamente a la ANAM le corresponde emitir un concepto con respecto a la remoción de arena sin el debido estudio de impacto ambiental, para lo cual el señor Espino ya fue citado para que presente sus descargos esta misma semana.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda Pública, Rubén De León, afirmó que ha quedado claramente demostrado que la compra de estas tierras fue "transparente y legal".
El gobierno británico afirma que mientras las emisiones de radiación estén por debajo de los límites que se consideran seguros, no existen riesgos a la salud.
Pero, tal como preguntamos al profesor Lai, ¿permitirá que sus hijos se sienten frente a una computadora inalámbrica durante todos sus años escolares?
"No lo creo -afirma- yo limitaría su exposición a este tipo de radiación, porque más vale ser precavidos".
