Los fuertes señalamientos de la oposición sobre la poca o nula actuación del Gobierno panameño para que el ex general Manuel Antonio Noriega regresara a Panamá, se tratan de opiniones que tienen un trasfondo político.
A esta conclusión llegó el canciller de la República y primer vicepresidente del país, Samuel Lewis Navarro, quien indicó que el Gobierno de turno le ha dado la importancia debida a este tema que es importante para el país.
"Realmente hemos hecho lo posible como Gobierno, dada la importancia y la seriedad del caso de Noriega".
Aseguró que el Estado se ha ceñido a realizar lo que está dentro de su responsabilidad, entendiendo que se trata de un caso meramente judicial.
Lewis señaló que se han interpuesto las solicitudes de extradición desde 1991, y se reiteraron en el año 2006 y principios del 2007 a las autoridades norteamericanas.
Expresó que las actuaciones están dentro del margen permitido por la justicia de Estados Unidos.
Mientras tanto, los políticos de la oposición mantienen firme la opinión de que el Gobierno no actuó ni hizo verdaderos esfuerzos para que el ex general regresara a Panamá a pagar su condena.
