La Asamblea Legislativa impidió en junio, con la aprobación de la Ley para el uso del Fondo Fiduciario, que los B/.1,300 millones de ese ahorro, corrieran la misma suerte que los B/.24 millones que perdió la empresa Estrellamar al invertirlos en la Bolsa de Valores de Nueva York .
Este órgano del Estado rechazó la propuesta que hizo el gerente de Estrellamar, Sebastián Méndez, de utilizar parte del Fondo en la compra de acciones internacionales.
Sebastián Méndez, el pasado 15 de abril, presentó ante los legisladores miembros de la Comisión de Hacienda una propuesta para que los B/.1,300 millones del Fondo Fiduciario fueran invertidos en la Bolsa de Valores.
Méndez sustentó ante los legisladores que las propuestas presentadas por el entonces ministro de Economía, Víctor Juliao y del ex candidato presidencial, Alberto Vallarino, representaban la "fumigación del Fondo Fiduciario".
En su momento, Méndez expresó que al invertir el dinero en acciones de la nueva economía, o sea en empresas internacionales de telecomunicaciones (tecnología e internet) se mantendría el capital, y aunque advirtió que existía un riesgo inherente al mercado, recalcó que la posibilidad de una pérdida total irrecuperable era mínima. "Pueden haber pérdidas parciales recuperables, tal como lo demuestran todos los días las variaciones del mercado bursátil", expresó.
Explicó a los legisladores que Panamá podría ganar cinco veces más con la compra de acciones de las más grandes compañías internacionales, entre ellas, Dell, Cisco, America Online, Yahoo, Applied Materials, Nokia, EMC, Oracle, Microsoft, Intel, Inktomi QualComm, MCI Worlcom/Sprint, casi todas listadas en el Mercado NASDAQ.
Precisamente, el índice bursátil de NASDAQ se ha disminuido en un 15 por ciento durante este año.
El dinero de los derechohabientes de Estrellamar fue invertido en algunas de estas empresas, pero las variaciones del mercado bursátil provocaron una pérdida millonaria que ahora reclaman.
Méndez explicó durante la sesión de la Asamblea Legislativa realizada el 15 de abril y ante una numerosa audiencia que era posible realizar inversiones accionarias de manera directa, sin intermediarios costosos y/o parcializados, en empresas bien manejadas con productos de enorme y global demanda, rentables y en crecimiento.
La iniciativa de Sebastián Méndez fue denominada la tercera vía para el uso del Fondo Fiduciario.
Según su tesis, a través de esta inversión se esperaba un crecimiento anual compuesto del valor de la cartera de acciones por el orden del 25%.
Su propuesta era invertir los B/.1,300 millones del Fondo Fiduciario para obtener B/.1,625 millones, con un efectivo disponible de 812 millones, a final del primer año.
Al término del segundo año se invertirían B/.1,625 millones y se obtendrían B/.2,030 millones con un efectivo disponible de B/.1,015 millones.
Al final del tercer año se comprarían acciones por B/.2,030 millones y habría un efectivo disponible de B/.1,268 millones.
Al concluir el cuarto año se invertirían B/.2,530 millones con ganancias de B/.3,016 millones y un efectivo disponible de B/.1,581 millones y al final del quinto año se tendría B/.3,950 millones entre capital y ganancias y un efectivo disponible de B/.1,975 millones.
Aunque a muchos de los presentes en la sesión y a los propios legisladores del periodo pasado, les pareció una buena idea, al final la misma fue rechazada por decisión de la mayoría.
De no ser así, los panameños afectados por la caída de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York no serían sólo 408 personas, sino más de 2 millones.
Hoy los derechohabientes de Estrellamar buscan la recuperación de sus dineros con diversos recursos legales y califican la actual falta de liquidez de Estrellamar como una "estafa calificada", orquestada por Méndez, quien ahora se encuentra fuera del país.
Por su parte, el legislador José Blandón Figueroa, uno de los que formó parte de la Comisión de Hacienda que durante el periodo pasado discutió el proyecto para utilizar el Fondo Fiduciario, manifestó que la decisión de rechazar la propuesta de Méndez, salvó al país de caer en la misma situación de Estrellamar.
"Nosotros en la Comisión de Hacienda en su momento rechazamos esa iniciativa, que aunque parecía lucrativa era muy peligrosa para los dineros del pueblo. Quizás los mil 300 millones de dólares del Fondo Fiduciario hubieran corrido la misma suerte", recalcó.
Manifestó que la situación financiera actual de Estrellamar debe ser una lección para los empresarios para que entiendan que este tipo de inversiones tiene su riesgo y que el ser millonarios de forma rápida cuesta.
Añadió que las autoridades deben ejercer un estricto nivel de fiscalización para evitar poner en riesgo el dinero de quienes ponen su confianza en alguna entidad financiera.
MENDEZ OCULTA INFORMACION
Por su parte, el vocero de los derechohabientes de Estrellamar, Rogelio Arias, manifestó que Méndez no está brindando la información requerida, "por lo que presumimos que algo está ocultando.
¿Por qué no da la cara si no hay nada pecaminoso. Por qué se fue del país y no hay comunicación con él?", preguntó.
Otro de los derechohabientes, que integra la comisión de afectados que investiga el caso y quien no quiso revelar su nombre, expresó que la información que están solicitando "no se quiere suministrar porque saldrá a la luz pública que algunas entidades privadas y públicas tenían conocimiento de la situación financiera de Estrellamar y The Providence Corporation y la relación que existía con el Banco DISA, entidad financiera que recibió información privilegiada que le permitió retirar sus fondos. Hay muchas cosas que están amarradas y que con la información requerida podremos dar a conocer", sostuvo.
Ejecutivos del Banco DISA en este sentido expresaron que ni ellos ni ninguna de sus empresas afiliadas, han servido de asesores de The Providence Corporation y que firmaron un contrato para la administración de ciertos activos separados de sus otros negocios y con términos específicos y manejo administrativo.
"Al no cumplir The Providence Corporation con esos términos contractuales, Banco DISA dio por terminado el contrato, el 17 de julio de 2000, de acuerdo con las estipulaciones del mismo", señaló un informe especial de esta institución bancaria y que lleva la firma de J.J. Vallarino Jr., Jorge Endara P., Rubén D. Carles y José Chirino.
Aseguraron además que la situación del banco es de excelente liquidez, por lo que siguen operando normalmente haciéndole frente a todas sus obligaciones.
Rogelio Arias, por su parte, pidió el respaldo de las entidades gubernamentales que regulan la actividad financiera, para solucionar a corto plazo el polémico caso, ante lo cual solicitó la intervención urgente de la Superintendencia de Bancos.
La Superintendencia de Bancos ha expresado que no tiene razones para intervenir las empresas ni en el caso, ya que las mismas no estaban reguladas por la entidad.
La Bolsa de Valores, por su parte, informó que las empresas señaladas no tenían ninguna relación con la actividad que ellos realizan.
Los afectados, a pesar de la poca información suministrada por Méndez, confían en lograr un acuerdo privado con miras a recuperar parte o la totalidad del dinero.
Una de las opciones que se analiza es manejar el negocio de manera conjunta incluyendo a Méndez o sin él, hasta recuperar los fondos.
Un número plural de afectados ha interpuesto ante el Ministerio Público varias denuncias contra Méndez y sus más cercanos colaboradores, para que se les indague y sean detenidos preventivamente y para que se dicte un impedimento de salida mientras duran las investigaciones.
Méndez abandonó el país poco antes de que se presentara la primera denuncia.
Estas querellas, según Rogelio Arias, buscan que se efectúen acciones exhibitorias contra Estrellamar, The Providence Corporation y Banco DISA.
