De los 1,800 delitos investigados, ya 600 han sido remitidos al Tribunal Electoral (TE), entre éstos se encuentran varios casos, en los que se solicitó el levantamiento del fuero electoral.
Solís explicó que este privilegio que amparaba a los candidatos con un fuero electoral no limitó las investigaciones.
Entre las personas vinculadas a estos delitos se hallan desde asesores del anterior gobierno hasta representantes de corregimiento, quienes incurrieron en uso indebido de recursos del Estado, abuso de autoridad y anomalías en el cambio de residencia.
El fiscal Electoral también se mostró preocupado en estos momentos, ya que el único obstáculo que está enfrentando es la situación de las 18 personas que incurrieron en delito electoral y fueron beneficiadas con un indulto presidencial en el 2004.
Entre los personas beneficiados se encuentra la exlegisladora Haydeé Milanés de Lay, a quien se le investigó por supuesto delito electoral en la provincia de Darién.
No fue así y en opinión del ex contralor, el argumento de que era una "fundación privada", es una "argucia".
Chen Barría señaló que "Taiwán no da fondos a fundaciones privadas". El ex contralor está convencido de que las addendas son un instrumento válido y que el problema "es la maleantería de los que contratan con el Gobierno o de lo que los gobiernos permiten".
Los documentos de las addendas hechas al contrato No. 008 - 2002 entre Fundación Mar del Sur y COPISA muestran la ausencia de un contador en el proyecto de construcción del hospital.
La cifra final del contrato era por B/. 29,868,529.75 cuando debió decir B/. 29,868,826.75. La diferencia es de B/. 297.
