El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, afirmó ayer que el informe de la Contraloría General sobre la polémica titulación de tierras en el área de Juan Hombrón habla de posible “perjuicio económico” y no de lesión patrimonial. Aclaró, en una entrevista que concedió por correo electrónico, que la cifra respecto al posible perjuicio económico es alrededor de medio millón de dólares.
¿Qué medidas tomará el Ministerio Público tras el informe de la Contraloría sobre la adjudicación de tierras en Juan Hombrón?
El expediente actualmente está en la Fiscalía Quinta de Circuito, especializada en delitos contra el medio ambiente.
Cuando el expediente estuvo en la Procuraduría General de la Nación, se realizó una reunión con auditores de la Contraloría, a fin de coordinar el trabajo que iba a realizar dicha institución, con respecto al trabajo adelantado por el Ministerio Público. Se acordó que los auditores tendrían acceso a lo que había logrado recopilar la Procuraduría General de la Nación y que esta recibiría un informe preliminar del audito especial que se iba a iniciar, calculándose que la conclusión del audito especial tomaría meses. Efectivamente, se recibió el informe preliminar, de fecha noviembre de 2011, por lo que puede calcularse cuándo se efectuó la reunión entre los auditores y la Procuraduría General de la Nación. Luego se recibió otro informe de la auditoría especial, en enero de 2012, el cual fue debidamente incorporado al expediente. Y, finalmente, el último informe de la auditoría especial, en marzo de 2012, ya se encuentra en el expediente. El informe preliminar, de noviembre de 2011, firmado por 5 auditores, fue debidamente ratificado por quienes los firmaron.
¿Aporta el informe de la Contraloría nuevos elementos a la investigación?
La mayoría de las personas entrevistadas por los auditores de la Contraloría son las mismas que fueron citadas y se les recibió declaración jurada en el Ministerio Público. Me refiero entre particulares y funcionarios públicos de diversas instituciones. A otras no se les recibió declaración jurada, sino declaración indagatoria, pues se les formularon cargos. En lo que respecta a la Procuraduría General de la Nación, los informes de la Contraloría se refieren más o menos a lo mismo que de otra manera descubrió el Ministerio Público, pero lo transparente es que todo se encuentra en un solo expediente.
¿Qué información aportó Wilberto Jaramillo?
Lo que tengo entendido es que la persona que usted menciona fue querellada criminalmente por el delito de estafa, en 2005; fue debidamente indagada en la Fiscalía Primera de Circuito de Herrera; debido a que no se le podía localizar, la audiencia preliminar se realizó en el 2008, donde el Ministerio Público reiteró que se le encausara criminalmente y, efectivamente, el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal de Herrera dictó apertura de causa criminal, y ante las mismas dificultades de localizarlo, se demoró el trámite del proceso hasta que fue notificado y, actualmente, está pendiente de efectuarse la audiencia plenaria. Esto, de seguro, se ha tomado en cuenta y es probable que haya influido en lo que haya dicho fuera de este proceso penal.
El informe de Contraloría habla de una lesión patrimonial por más de 1 millón setecientos mil dólares.
¿Permitiría eso que el Ministerio Público formule cargos por otros delitos?
El informe preliminar de la auditoría especial de la Contraloría, de noviembre de 2011, habla de un posible perjuicio económico (no de lesión patrimonial), pero por una cifra de alrededor de medio millón de dólares; luego, en otras hojas del documento, se menciona la cifra superior al millón setecientos mil dólares, en un detalle que no es más que la suma de los valores catastrales de los terrenos, pero destacándose que se incurrió en un posible uso inapropiado de tierras que no podían ser adjudicadas (no de lesión patrimonial ni de perjuicio económico). No se menciona lesión patrimonial por una cifra superior al millón setecientos mil dólares. Y tanto el informe preliminar, de noviembre de 2011, como en los informes de enero de 2012 y marzo de 2012, se refuerza la posición del Ministerio Público, en que se incurrió en un delito contra el medio ambiente y el ordenamiento territorial. De todas maneras, corresponderá al órgano jurisdiccional, calificar el mérito del sumario.
Tras el informe de Contraloría, ¿llamará el Ministerio Público a declarar o a indagar a otras personas?
Insisto que el informe preliminar de auditoría especial de la Contraloría es de noviembre de 2011.
Existe otro informe de auditoría especial de la Contraloría, de enero de 2012 y, finalmente, el último informe de auditoría especial de la Contraloría General, de marzo de 2012. Se puede decir que la Contraloría envió al Ministerio Público el informe, por etapas o fases, de acuerdo a lo que iban recopilando para apoyar en la instrucción del sumario y, por ello, esos documentos están incorporados al expediente. La Fiscalía Quinta de Circuito, especializada en delitos contra el medio ambiente, instruirá y concluirá el sumario, sustentando lo que haga o no en lo que existe en los 17 tomos del expediente.
¿Tienen los delitos contra el medio ambiente una pena más leve que los delitos de corrupción o tráfico de influencia?
El Código Penal de 2007 le asigna una pena de prisión más grave a los delitos contra el medio ambiente.
Menos grave sería el delito de falsificación de documentos. Y menos grave sería el de corrupción de servidores públicos (salvo que sea juez o fiscal) y el de tráfico de influencias. Esto, de acuerdo a las sanciones que establece el Código Penal de 2007. No hay que olvidar que la pena que debe aplicarse lo decide el órgano jurisdiccional.
¿Serán devueltos los terrenos de Juan Hombrón como se hizo con el de Punta Paitilla?
Primero, no debe soslayarse la existencia del delito contra el medio ambiente, que tiene sus connotaciones muy particulares a favor de la Nación.
Segundo, porque los terrenos de Juan Hombrón fueron adjudicados a personas que alegaron tener derechos posesorios, pero estos luego los traspasaron a otras personas naturales o jurídicas, y estas, a su vez, los traspasaron a personas jurídicas diferentes. El terreno de Punta Paitilla fue adjudicado a una persona jurídica, pero la persona natural que solicitó la adjudicación así lo pidió luego de formular la petición de adjudicación y estaba directamente relacionada con la persona jurídica, que es quien entonces hace el trámite de ponerla a nombre de la Nación.
