El proyecto de ley número 12 sobre historial de crédito, será discutido en tercer debate a partir del próximo lunes, luego de ser sometido a un análisis en la Comisión de Revisión y Estilo, informó el legislador Arturo Araúz.
Se espera que una vez se incluya en el orden del día para el lunes, el proyecto se apruebe ese mismo día o el martes, considerando que no será motivo de largos debates por parte de los legisladores.
Uno de los artículos que más polémica generó es el que permite que una persona aparezca en el sistema de las Agencias de Información de Crédito por siete años, a pesar de que haya cumplido con el pago de las deudas.
En este sentido, las organizaciones de protección al consumidor proponían que la caducidad de las referencias de crédito se ajustara a las prescripciones que rigen actualmente en materia de comercio y que están reguladas de acuerdo a la naturaleza de la deuda.
Este periodo de prescripción de siete años no se compagina con el derecho que tienen los consumidores de presentar una reclamación ante las agencias de información, el cual finaliza en un año, demostrando que no hay equidad entre los derechos de las empresas de crédito y los clientes.
La ley en cuestión permite, mediante el artículo 8, que la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) conozca y atienda las quejas de los consumidores o clientes y supervise e investigue las prácticas de los agentes económicos y las agencias de información de acuerdo a lo que establece la ley.
La CLICAC también está obligada a rendir un informe al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de todas las resoluciones debidamente ejecutoriadas que se impongan a las agencias de información, originadas por las infracciones a la presente ley.
El proyecto estipula que mientras la CLICAC puede imponer sanciones a los agentes económicos y a las agencias de información, el MICI sancionará a las agencias de información por no cerciorarse que la información que les remiten los agentes económicos sea la correcta.
Otro de los cambios que introduce el proyecto con respecto a lo que rige actualmente, es que las deudas por concepto de servicios básicos como luz, agua y teléfonos, no serán incluidas en las agencias de información tal como se da actualmente, que los clientes morosos en estos servicios aparecen en la APC.
Para Pedro Acosta, presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, (UNCUREPA) lo positivo de este instrumento es que por primera vez se regula una actividad que se venía ejerciendo sin ningún control desde hace 45 años.
