¿Son los legisladores de la República los que tienen capacidad para concretar acuerdos políticos dentro de la Asamblea Legislativa?... O, esa capacidad la han cedido o se la han escamoteado los CEN a sus partidos políticos?
Hago las preguntas porque noto que se acentúa en los últimos años la casi intervención directa de los dirigentes de los partidos políticos, llámese CEN, en los pactos o entendimientos que celebran gobierno y oposición para determinada conducta dentro del quehacer típicamente legislativo. Esa conducta es de obligatorio cumplimiento para su o sus legisladores, como si se les castrara su libre razonamiento y decisión.
Traigo a la memoria los apuros en que se vio la legisladora Milanés de Lay el pasado primero de septiembre, y de Altamirano Duque más recientemente. Seguro que la lista de situaciones similares es más larga, pero es sólo para refrescar la memoria. Claro que en unos partidos es más acentuado que en otros, pero la práctica puede convertirse en regla. Cabe preguntarse entonces, ¿para qué se elige al legislador?
Puede que la confusión venga del espíritu contenido en el art. 144 de nuestra Constitución Política, donde se establece que el legislador actúa en interés de la nación y representa en la Asamblea Legislativa a su partido y a su circuito electoral. Lo primero es lo primero, y es que el legislador tiene que actuar en interés de la nación. Su representación partidaria es para determinar la corriente ideológica, pero no puede interpretarse que el propio partido llena su conciencia y su espacio del legislador. Y la representación de su circuito electoral es para efectos de elección. Sobre esto último, es materia discutible en la que le doy la razón al que piensa que para ensayo ya estuvo bien.
Claro está que es asunto de moral política, o conducta política, el que legislador y dirigentes de su partido compartan estrategias, orientaciones, iniciativas, sin olvidar que el elector votó por la persona al reunir condiciones que le satisface, independientemente de si están o no inscritos en el partido que lo postuló. Si no es así, sólo los partidos grandes tendrían legisladores.
Estuve en la Asamblea Legislativa en el período 90-94. La entonces dirigencia política de MOLIRENA jamás intervino en los acuerdos que la bancada adoptó ni en la forma en que cada legislador dirigió su voto. Fueron muchísimas las tertulias entre la cúpula del partido y sus legisladores, pero al final los últimos asumíamos nuestra responsabilidad en el pleno o en las comisiones de trabajo de la Cámara. Si ocurrió en otros partidos, no lo sé, pero no recuerdo que sus dirigentes públicamente manifestaran que habían comprometido los votos de sus bancadas para determinado compromiso.
Esta novedosa práctica, que llamaríamos de injerencia pública de la clase política, dirigente en la voluntad y espacio de su legislador, me parece que desmejora la ya maltrecha imagen que tiene el ciudadano de sus políticos. Por el contrario, hay que elaborar fórmulas para reconquistar la fe y la credibilidad en la política y en los políticos. Porque no resulta agradable escuchar o leer declaraciones o comentarios sobre decisiones inherentes al cuerpo legislativo. Tengan o no el derecho de revocatoria de mandato, potestativo de cada partido político.
