El Pacto de la tajada

La vertiginosa aprobación de la Ley 38, y la pronosticada noticia de que varios legisladores resultarían agraciados con una opinión de la Procuraduría de la Administración para el cobro de salarios caídos, muestra que ya se consumaron dos aspiraciones largamente acariciadas.
¿Es una coincidencia? Ya el 16 de julio, cuando la Ley 38 (señalada como restrictiva al derecho de información) contaba con un mes de ser aprobada en la Asamblea Legislativa, y estaba a la espera desanción presidencial, alguien publicó que se fraguaba un "Pacto de la Tajada". ¿Qué quiso decir?
El 4 de agosto Miguel Antonio Bernal fue más preciso en un medio de comunicación cuando expulsó que con la aprobación de la norma se ejecutó un "contubernio deliberado", pues las circunstancias que rodearon la aprobación de esa ley da a entender un beneficio de "unos a los otros".
Según pronosticaba Bernal, las circunstancias que flanquearon la aprobación de esa Ley del Estatuto de la Procuraduría de la Administración, permitía interpretar que los legisladores esperaban que la procuradora "emita un concepto favorable al pago de salarios caídos que están reclamando".
Algo parecido ocurrió este jueves. Dos semanas después de la sanción de la Ley 38, irrumpió una opinión de la Procuraduría de la Administración donde se considera "jurídicamente viable" una Resolución emitida por el presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido el 22 de junio de 2000.
Esta Resolución es la que dispone el pago del 50 % de la equiparación de los "emolumentos y asignaciones" a los que "tienen derecho" los miembros de la Asamblea Legislativa del periodo 1994-1999, "en virtud del aumento del salario decretados a favor de los ministros" en 1995.
La decisión de la Procuraduría podría producir el pago una tajada del erario público por el orden de los B/. 1.5 millones en salarios caídos a los legisladores de la pasada Asamblea, pero esa no es la única tajada que saldrá de los fondos públicos tras las circunstancias acaecidas.
¿Hubo un Pacto de la tajada? ¿Hubo un "contubernio" entre los legisladores y la Procuraduría para que unos favorecieran a los otros y los otros favorecieran a los unos? Panamá América efectuó un plural número de esfuerzos por hablar con la Procuradora, y preguntar por qué se incluyó en la Ley 38 un aumento salarial a 10 mil balboas, pero fue en vano.
Igualmente, y durante semanas, se intentó confirmar si existía en la Procuraduría de la Administración alguna solicitud de opinión para el pago de los salarios caídos de los legisladores, pero esa información se ocultó, y fue el pasado jueves cuando no hubo más remedio que dejarla saber, parcialmente.
¿Por qué se ocultaba la información? ¿Por qué no se contestaba al señalamiento público que anatematizaba un "contubernio"? Pese al mutismo oficialista, la procuradora llegó a ser atajada en un medio radial, sobre el denunciado "contubernio" y sobre su aumento salarial.
De acuerdo al artículo 16 de la Ley 38, la procuradora de la administración tendrá la misma categoría, remuneración, garantías, prerrogativas, que los magistrados de la Corte Suprema, lo que correspondería a un salario de B/. 10 mil y el derecho de introducir dos autos exonerados.
A la procuradora se le atajó en un medio radial con la pregunta acerca del aumento salarial, y sobre el "contubernio", y a ello contestó que cuando se produjo el aumento a los ministros de Estado (1995) se debió aumentar a los funcionarios que estaban en el mismo nivel de los ministros.
Al enumerar a esos funcionarios, la procuradora dijo que se debió que aumentar al contralor, magistrados de la Corte Suprema, procuradores, y funcionarios que estaban en la jerarquía correspondiente. "A mí como procuradora de la administración me aumentaron también", acotó.
En su explicación la procuradora dijo: "Cuando a mí me aumentan y con los otros funcionarios y el gobierno del doctor Pérez Balladares decide ajustarle nuevamente el salario a los ministros, los dos únicos funcionarios que se rebajaron el sueldo fueron el contralor y la suscrita".
"En vista de que el resto de los funcionarios se ajustaron el sueldo, pues como ya otros funcionarios iban acercándose a mi condición yo tuve que volver a ajustarme el sueldo", dijo la funcionaria ante lo cual se preguntó enseguida si ello guarda relación con la Ley 38 y contestó: "No en absoluto".
Otros hechos también despiertan suspicacias alrededor de la denuncia de "contubernio". La opinión que sopla a favor del pago de los salarios caídos de legisladores, emitida por la Procuraduría, y hecha pública el pasado jueves lleva la rúbrica de José Juan Ceballos, procurador de la administración (suplente), y no la firma de la procuradora, Alma Montenegro de Fletcher.
Una fuente mencionó que al parecer la procuradora se declaró impedida para emitir concepto, pero este diario intentó, sin éxito, confirmarlo el viernes llamando a RRPP de la Procuraduría. Lo que sí pudo ser confirmado es que para la fecha del concepto emitido el jueves, la procuradora de la administración gozaba de unas sumarias vacaciones que espera culminar mañana lunes.
CRONOLOGIA DE COINCIDENCIAS
Lunes 3 de abril de 2000. El licenciado Enrique Garrido, presidente de la Asamblea Legislativa, solicita a la Contraloría el refrendo del pago de salarios caídos de legisladores del período 1994-1999.
Martes 4 de abril de 2000. La Contraloría general devolvió sin refrendo las planillas No. 068-2000 y 069-2000 fechadas 23 y 28 de febrero, donde se solicitaba el pago de salarios caídos de los legisladores.
Jueves 6 de abril de 2000. El H.L. Francisco Alemán, dijo que elevaría una consulta a la Procuraduría de la Administración, para que emita concepto sobre el pago de los salarios caídos. Tal intención no se hizo efectiva porque después supo que tal consulta se debía hacer por intermedio de la presidencia de la Asamblea Legislativa.
Lunes 10 de abril de 2000. La Procuradora de la Administración presenta ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, que después fue aprobado con el famoso artículo 70.
Martes 11 de abril de 2000. El proyecto es remitido a la Comisión de Gobierno.
Viernes 2 de junio de 2000. Primer debate al proyecto presentado.
Lunes 5 de junio de 2000. Proyecto presentado al pleno (Urgencia Notoria)
Miércoles 7 de junio de 2000. Está en el orden del día segundo debate al proyecto de ley No. 77 (Urgencia Notoria) por el cual se aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y se regula el procedimiento administrativo general. Se aprueba cortesía de sala para funcionarios de la procuraduría de la administración, entre ellos a la procuradora. Alberto Cigarruista, Enrique Garrido, Héctor Aparicio y Manuel de la Hoz, propusieron a la Sala que se declare en sesión permanente hasta concluir el segundo debate al proyecto 77. El pleno aprueba. Rubén Arosemena, Manuel de la Hoz y Elías Castillo proponen que el proyecto sea discutido en bloque.
Jueves 8 de junio de 2000. H.L. José Blandón dice que la discusión debe hacerse con más detenimiento, por ser un tema tan importante, se deben hacer más consultas. Procuradora hace recuento de todo lo que se ha consultado y otros legisladores se molestan por lo expuesto por Blandón.
Viernes 9 de junio de 2000. Segundo debate. Se inicia discusión de segundo bloque, a partir del artículo 34. Se aprueba el segundo bloque con modificaciones y se abre la discusión para el tercer bloque que va del artículo 89 al 207, que también se aprueba y se aprueba enseguida que la discusión vaya a tercer debate.
Martes 13 de junio de 2000. Rubén Arosemena, Elías Castillo y Manuel de la Hoz, propusieron que el proyecto de ley No 77 fuera devuelto a segundo debate para considerar dos artículos nuevos adjuntos. Se acepta. Se aprobaron enseguida los dos artículos nuevos, y enseguida el pleno acepta que el proyecto tenga tercer debate.
Miércoles 14 de junio de 2000. Tercer debate al proyecto de Ley No. 77. El pleno acepta que el proyecto No. 77 sea ley de la República.
Jueves 22 de junio de 2000. De esta fecha es la Resolución No. 49 de 22, suscrita por Enrique Garrido Arosemena, Presidente de la Asamblea Legislativa, y Edwin Cabrera, secretario general. Con esta Resolución se dispone el pago del 50 % de la equiparación de los emolumentos y asignaciones a que tienen derecho los legisladores del período 1994-1999, en virtud del aumento de salario decretado a favor de los ministros de Estado en 1995. De esta misma fecha, 22 de junio, son las planillas No. 340, 341 y 342 que la Asamblea remitió para refrendo a la Contraloría, y que contenían el pago a los legisladores.
Viernes 30 de junio de 2000. Enrique Garrido dijo haber solicitado al contralor Alvin Weeden que eleve una consulta a la Corte Suprema de Justicia para que determine la factibilidad del pago de los salarios caídos de los legisladores.
Lunes 3 de julio de 2000. Carta del contralor, Alvin Weeden a la presidenta de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, pidiendo un pronunciamiento sobre la "viabilidad jurídica" de la Resolución No. 49 de 22 de junio de 2000, emitida por Enrique Garrido, para el pago de los salarios caídos a los legisladores.
Lunes 31 de julio de 2000. Presidenta Mireya Moscoso, sanciona Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, sobre el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración.
Miércoles 2 de agosto de 2000. Aparece en Gaceta Oficial la Ley No 38 de 31 de julio de 2000, que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración.
Miércoles 16 de agosto de 2000. El procurador de la Administración (Suplente) emite un concepto declarando "jurídicamente viable" la Resolución No. 49 de 22 de junio de 2000, expedida por el presidente de la Asamblea Enrique Garrido, donde se resuelve disponer el pago de salarios caídos a los legisladores.