El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Martín Torrijos, acusó ayer al Gobierno de querer disponer de los B/.2,500 millones que acumulará el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), con el fin de invertirlos en empresas de altos dirigentes de los partidos que conforman la alianza gubernamental.
Según Torrijos, el proyecto de ley que permite el uso del FFD establece que estos dineros "se les pueden prestar a cualquier empresa con el solo hecho de estar registrada en la Bolsa de Valores de Panamá, de manera que dentro de muy poco tiempo nos lamentaremos de la desaparición del Fondo".
Igualmente reiteró que el PRD se opondrá "hasta el fin" a que se vendan las acciones estatales en Cables & Wireless y las que se mantienen en las empresas eléctricas, así como al gasto indiscriminado y sin controles del Fondo.
"Lo que queremos es lo que ya planteó el PRD en la propuesta que presentamos durante nuestra participación en la comisión legislativa de Hacienda y que se basa en un mejoramiento del rendimiento del Fondo, de tal forma que se aumenten y no se gasten, como lo proponen los arnulfistas y la Bancada Popular, con el fin de cometer desfalcos e irregularidades", dijo el también excandidato presidencial.
"Ojalá el Gobierno reconsidere esas medidas lesivas para el pueblo y se concentre en iniciativas legislativas para fomentar una mejor educación y para acabar con la pobreza, en lugar de seguir su intransigencia que va contra la voluntad popular", dijo.
Por otra parte, a menos de 20 días para que concluya el actual período de sesiones ordinarias, el pleno de la Asamblea Legislativa tendrá que enfrentar el reto de aprobar el proyecto de ley que autoriza el uso del Fondo y el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
De no aprobar estos dos proyectos de ley en los 20 días que hacen falta para concluir el período, correspondería al Ejecutivo convocar a sesiones extraordinarias para su discusión.
La Constitución Nacional establece que el actual período de sesiones ordinarias concluye el 30 de junio, aunque el Reglamento Interno de la Asamblea otorga a la junta directiva la potestad de sesionar durante los días viernes o las fechas de descanso en fines de semana.
Según la ley que rige la ACP, el proyecto de ley del presupuesto debe ser aprobado antes del 30 de junio, a fin de que esté listo para entrar en vigencia al momento de iniciar el período fiscal que empieza el 1 de octubre y concluye el 30 de septiembre.
Apelamos para que se apruebe antes del 30 de junio y esperamos que los 71 legisladores vean este tema como un asunto de Estado, "sino no sabemos qué va a pasar", expresó Ricardo Martinelli, ministro de Asuntos del Canal, después que presentó la propuesta ante el pleno legislativo.
