El Panamá América

El presidente de la Asamblea Legislativa, Enrique Garrido, advirtió ayer que a pesar de la opinión de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, este órgano del Estado defenderá las "prerrogativas o derechos" que tienen los legisladores suplentes.
La procuradora de la Administración pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionales los privilegios que le fueron asignados recientemente a los legisladores, suplentes y familiares de la Junta Directiva de la Asamblea.
Entre las prerrogativas que a juicio de la procuradora deben eliminarse figuran: las franquicias postales, telegráficas y telefónica, así como el derecho a importar un vehículo anual libre de impuestos concedidas a los suplentes. Además de otros privilegios dados a los familiares de los legisladores y directivos de la Asamblea.
Garrido indicó que a diferencia de lo que sucede en la Corte Suprema y las procuradurías, los suplentes de los legisladores actúan de manera alterna con los principales y además son electos por votación popular y no designados.
En los casos de los suplentes de los magistrados y procuradores, éstos actúan sólo en ausencia temporal de sus principales, mientras que los legisladores tienen que estar siempre en disposición para actuar, incluso cuando estén los principales.
Garrido expresó que las prerrogativas de los legisladores suplentes están en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y que en última instancia corresponderá a la Corte Suprema determinar si es o no constitucional la existencia de estos privilegios.
Por otra parte, el presidente de la Asamblea reconoció que la administración de este órgano remitió a la Contraloría de la República la planilla de B/.1.5 millones para el pago de salarios caídos a los legisladores del pasado período.
Indicó que consideran que este pago está dentro del marco de la ley y que en última instancia corresponderá a la Corte establecer si el pago de este dinero es legal o no.
Garrido señaló que es la segunda vez que envían la planilla a la Contraloría de la República, ya que la primera fue rechazada y señaló que si esta vez sucede lo mismo elevarán la solicitud ante la Corte Suprema.
Además negó el pago de este dinero sea parte de un acuerdo entre los legisladores de gobierno y oposición por el acuerdo que se logró para la aprobación del proyecto de ley del Fondo Fiduciario.