Mientras el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) no descartó ayer que el aumento del salario mínimo a B/.253.76 mensuales decretado por el gobierno ocasione despidos, la dirigencia obrera anunció que interpondrá una demanda contra el Decreto Ejecutivo 59 que ordena este incremento, por considerar que es inconstitucional al establecer fueros y privilegios.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, informó que la Asociación de Comerciantes y Víveres de Panamá (ACOVIPA) y la Cámara de Comercio Industria y Agricultura se comprometieron a congelar los precios de los productos de la canasta básica familiar para evitar que el incremento del salario mínimo se traslade al consumidor.
El ministro dijo que ambos sectores (ACOVIPA y la Cámara de Comercio) luego de una reunión se comprometieron verbalmente a que no se dará aumento en ningún rubro de la canasta básica familiar, incluyendo transporte y otras actividades.
Vallarino puntualizó que el incremento aprobado por el gobierno no se debe traducir en despidos como ha advertido el sector empresarial.
"Este salario lo pueden pagar sin efectuar despidos ni cierres de empresas, porque hemos hechos reglas claras del juego donde el Código de Trabajo no se tocará y las convenciones colectivas se respetarán", señaló el funcionario.
Mientras que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, subrayó que el incremento salarial es justo aunque el sector obrero lo rechace.
La mandataria afirmó que cumplirá con su promesa de revisar el salario mínimo cada dos años, a diferencia de otros gobierno que no lo hicieron.
Según el presidente del CoNEP, Carlos Sucre, el nuevo salario mínimo es mayor que lo que establecía el estudio económico efectuado por el sector empresarial y tal vez produzca algunas consecuencias en el país.
"Puede que existan algunos sectores que se sientan afectados como la pequeña empresa, porque el incremento fue más de lo que pueden resistir, al igual que en la pesca y turismo", acotó Sucre.
Sin embargo, consideró que el aumento no es tan grande como para ocasionar un daño económico, especialmente en cuanto a reducción de mano de obra.
"El sector obrero insiste en basarse en aspiraciones que no se ajustan a la realidad en vez de estudios técnicos que sí son hechos sobre la base de la economía del país", recalcó Sucre.
Puntualizó que los obreros dicen que los empresarios sólo desean acumular riqueza, cuando en realidad se preocupan por invertir los recursos en la economía nacional.
Aclaró que en una economía que está en recesión los empresarios no pueden subir los precios de los productos ni de los servicios, lo que podría afectar la mano de obra.
A juicio de Sucre, el aumento del 13% no debe ocasionar situaciones extremas en el país, aunque es mayor al índice de la inflación.
El también presidente la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresa (APEDE) hizo un llamado a los empresarios y todo el país para mantener el diálogo y buscar el bienestar del país, tanto económico como social.
Sucre reiteró que la huelga anunciada para el próximo lunes por los trabajadores es ilegal y cualquier ausencia sería injustificada.
"Esos dirigentes sindicales extremistas, que se visten de rojos han tenido una posición inflexible en estas negociaciones sobre el salario mínimo y estoy seguro que la mayoría de la población panameña entiende que el aumento del 13% es más de lo que se podía dar", añadió Sucre.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio, Manuel José Paredes, la economía actual no acepta más aumentos de precios, por lo que el ajuste en el nuevo salario no se pueda trasladar al consumidor.
Explicó que las empresas tendrán que ajustar sus estructuras de costos para no trasladarlo al usuario o hacerlo lo menos posible.
Sostuvo que algunas empresas podrán hacer sus ajustes de costos en la reducción de mano de obra, en la línea de producción y es difícil para que en un mercado de servicios esto se pueda trasladar al público.
"El gobierno dio un monto superior a lo que debió dar y ahora lo que es necesario es poner a andar la economía, porque si no se pone a funcionar sí se darán despidos", planteó Paredes.
Para la representante de la Unión Nacional de Pequeña y Mediana Empresa (UNPYME), Ziomara Torres, el aumento aprobado por el gobierno si afectará a la pequeña empresa porque se debió establecer porcentajes diferentes.
"Debido a la situación económica que se está viviendo no estamos en condiciones de aceptar un aumento de esta índole y esto traerá consecuencias", sustentó Torres.
Enfatizó que la reducción de mano de obra se podrá dar porque generalmente las pequeñas empresas son familiares.
Al respecto el presidente del Sindicato de Industriales (SIP), Ricardo Del Valle, no descartó que el aumento del salario mínimo se traduzca en reducción de mano de obra en la industria panameña.
Advirtió que el problema de un salario mínimo elevado es que puede ocasionar una red inflacionaria en el país.
Expresó que el salario mínimo está enmarcado dentro de un estudio técnico que estableció un aumento del cuatro por ciento, sin embargo, alcanzó el 13% y a eso se tiene que aumentar el pago de las cuotas obrero-patronal y otros impuestos.
Para la dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO), el incremento salarial establecido constituye una aberración jurídica y responde sólo a los intereses económicos del país, por lo que presentarán una demanda de inconstitucionalidad.
"Este Decreto Ejecutivo pone en evidencia el gran desprecio que tiene el gobierno por la clase obrera y los más pobres, inclusive en algunos sectores le ha rebajado el salario como es el caso de la pesca donde estaba en 0.92 centésimos y ahora se fijó en 0.84 centésimos", sentenció José Pedroza, coordinador del CoNATO.
Mientras que el secretario de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, denunció que los servidores públicos siguen siendo discriminados, porque existen más de 19 mil que devengan salarios por debajo B/.224.64 (actual salario mínimo) y agregó que con el incremento de B/.28.00 esta cifra aumentará significativamente.
Entre las medidas de rechazo del sector obrero figuran la demanda de inconstitucionalidad, continuar con los piqueteos en forma indefinida, celebrar el encuentro del próximo sábado y desarrollar la huelga general el próximo 26 de julio.
