El Juzgado Séptimo Penal impuso una pena de siete años de prisión a Cecilia Monteza y a Noriel Belisario Ortega por su vinculación con un peculado de B/.1.2 millones en el manejo del Programa de Asistencia Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS).
El juzgado también le impuso a ambos una multa de B/.3,000 por los delitos de falsificación, uso de documentos falsos y peculado, tras la investigación realizada por la Fiscalía Primera Anticorrupción.
Monteza y Ortega eran funcionarios de mediana jerarquía en el Ministerio de Vivienda (MIVI).
Además impuso una sanción de un año de arresto y 150 días multa a Jaime Sánchez, por el delito de peculado culposo. Mientras que fueron absueltos Rhona Emily Reed de Herrera, Pacífico Castillero y Cirilo Fuentes.
Por otra parte, el juzgado declinó a la esfera municipal el proceso seguido contra el ex viceministro de Vivienda, Rogelio Paredes y Francisco Javier Solís, a quienes se les imputan los delitos de infracción de los deberes públicos.
Previamente, el Juzgado Séptimo había dado un sobreseimiento a favor de Pascual Frías, y se había remitido a un Juzgado Municipal de San Miguelito las sumarias seguidas a Jaime Beitía, Wilfredo Muller y Kathia Heron, a quienes se les imputan cargos de peculado por el faltante de materiales del programa PARVIS en el almacén del MIVI en ese circuito.
A la vez se había remitido a un Juzgado Penal de La Chorrera las sumarias seguidas a Maritza Soto y Eduvigis Tuñón por los señalamientos de corrupción de funcionarios, hecho que supuestamente se ejecutó en las oficinas del MIVI de Arraiján.
La fiscal primera anticorrupción, Cecilia López, había pedido al tribunal la condena de la mayoría de los imputados.
