El fiscal electoral, Gerardo Solís, se presentó ayer a la Secretaría General del Tribunal Electoral para presentar una recomendación de anulación de la candidatura de Mayín Correa a la Alcaldía de Panamá, por considerar que ésta no cumple con los requisitos legales.
Solís llegó a las 3:30 p.m., media hora antes de que venciera el periodo establecido para presentar cualquier impugnación contra la postulación de Correa que hizo en este caso el Partido Liberal, ya que los términos para impugnar la del PDC y Renovación Civilista vencieron el viernes.
El fiscal basa su recomendación en que el artículo 187 del Código Electoral que establece que los candidatos a alcalde y a representante de corregimiento no deben haber sido condenados por ninguna falta, lo que descarta a Correa, quien ya fue condenada por un delito electoral el 4 de abril de 1994.
"Lo que le pido al Tribunal Electoral es que no le permita a Mayín Correa correr para alcalde", afirmó.
No obstante, aseguró que Correa quien fue postulada por los partidos PDC, Renovación Civilista, Liberal y PNP- puede correr sin ningún problema para la primera vicepresidencia en la nómina de Alberto Vallarino.
Según Solís, un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de octubre de 1998 ratificó que es constitucional exigirle a los candidatos a alcalde los mismos requisitos que a los aspirantes a representantes de corregimiento.
Gerardo Solís rechazó que su solicitud sea un "capricho" o una interpretación de la Ley para perjudicar a Correa y aseguró que su desempeño en la Fiscalía Electoral está "alejado del pasionismo político", sin interesarse en quién sale afectado.
Los magistrados del Tribunal Electoral tienen tres días para resolver la recomendación de Solís y en caso de que la misma sea acogida, Correa quedaría inhabilitada para correr por la Alcaldía y en su reemplazo lo haría su suplente Olmedo Arrocha.
Solís indicó que al revisar la impugnación que presentó el jueves el abogado César Debutto contra la postulación de Correa por los partidos PDC y Renovación Civilista se percató de que la misma incumplía con el Código Electoral y se apersonó al Tribunal Electoral antes de que venciera el plazo de tres días para presentar impugnaciones contra la postulación por los colectivos Liberal y PNP.
Por su parte, Mayín Correa restó importancia a la solicitud de Solís y aseguró que existe un fallo de la Corte que dice que ella puede correr sin problemas para la Alcaldía, el cual tal vez no conoce el fiscal electoral.
Correa manifestó que el tema legal es muy complejo y que ella prefiere que sean los abogados de los cuatro partidos que la postularon los que atiendan la solicitud de Solís.
José Alvarez, uno de los abogados de Correa y expresidente del PNP, dijo que la actuación de Solís es más política que legal y que prueba de ello es que fue más allá de lo que pedía el abogado Debutto en su impugnación, ya que éste sólo aludía a la postulación por los partidos PDC y Renovación Civilista y el fiscal impugnó la del Liberal y PNP.
Alvarez coincidió con Correa en que existe un fallo de la Corte que declara inconstitucional el artículo 187 del Código Electoral y que habilita a Mayín para optar por la Alcaldía.
Mientras que el jefe de campaña de Alberto Vallarino, Juan Carlos Varela, dijo que la recomendación de Solís forma parte de una campaña del PRD, que encabeza el presidente Ernesto Pérez Balladares, para obstaculizar la candidatura del banquero y de Mayín.
A pesar de que reiteró que mantiene la confianza en el Tribunal Electoral, afirmó que hay "un cuarto candidato" , del cual no quiso revelar su nombre, que trata de manipular el torneo electoral a favor del oficialismo.
No obstante, expresó que la "campaña" contra Correa es un pase de factura por su oposición a la reelección de Pérez Balladares.
En tanto, el también candidato a la Alcaldía y abogado, Miguel Antonio Bernal, respaldó la actuación de Solís y enfatizó que si los magistrados actúan en base a derecho no tendrán más remedio que fallar en contra de Correa y "sacarla de carrera".
Al tiempo que el otro candidato, Juan Carlos Navarro, se mostró cauteloso y se limitó a decir que los magistrados tienen la suficiente trayectoria de honestidad como para fallar con apego a la Ley.
