El Panamá América

El procurador José Antonio Sossa sostuvo ayer que es legal la intervención telefónica ordenada contra el juez tercero civil, Jorge Lau Cruz, y que la ejecución de esta medida en casos de corrupción de funcionarios judiciales es necesaria para evitar daños al sistema de administración de justicia.
En una nota pública, Sossa aseguró que la constitucionalidad de la norma que permite las intervenciones telefónicas ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia y recordó que, según las leyes, el procurador de la Nación es el único funcionario legalmente autorizado para ordenar esta medida.
Añadió que su actuación se ha enmarcado dentro de los parámetros establecidos en la Ley y que la acción contra el juez Lau Cruz se ordenó ante la posibilidad de estar frente a un hecho delictivo grave por su propia naturaleza.
Por su parte, el director de la Policía Técnica Judicial, Alejandro Moncada, confirmó que ejecutó la orden de intervenir el teléfono de Lau Cruz para cumplir una instrucción y señaló que durante el mes en que se realizó la operación "no hubo absolutamente nada" contra el juez.
En tanto, el defensor del pueblo, Italo Antinori, condenó la intervención telefónica y solicitó la renuncia del procurador Sossa por vulnerar el derecho a la privacidad de las personas que está garantizado por la Constitución Nacional.
Aseguró que "si esto se le está haciendo a un juez, qué se espera para el resto de la sociedad", al tiempo que hizo un llamado a todas las fuerzas vivas para que expresen su repudio a esta situación que no debe permitirse en un Estado de derecho.
En tanto, la Procuraduría de la Administración remitirá un cuestionario al procurador Sossa para que responda las acusaciones presentadas por el juez Lau Cruz e iniciar el sumario para establecer responsabilidades.
Mientras, se conoció que el fiscal tercero superior, Juan Tejada, mantiene un proceso contra el juez Lau Cruz por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios públicos, abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos.
La acusación presentada contra el juez se fundamenta en la revocatoria de una declaración de quiebra proferida por el antecesor de Lau Cruz, Abel Zamorano, que involucraba la suma de B/.1 millón.
Según una acusación presentada por el abogado Darío Eugenio Carrillo Gomila, el juez Lau Cruz presuntamente se excedió en toda discrecionalidad y utilizó su cargo para delinquir.
También señala que el juez supuestamente destituyó al actual viceministro de la Presidencia, Oscar Ceville, como curador de la quiebra y nombró a su ex socio Luis Castillero en ese cargo. Sostiene además que Lau secretamente expidió y notificó resoluciones que pretendían convalidar nulidades en el proceso de reposición.