El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, advirtió al procurador José Antonio Sossa que no tiene una autorización "en blanco ni amplia" para ordenar la intervención de teléfonos y le recuerda que esta acción es una "verdadera injerencia" en la vida íntima de las personas, por lo que pedirá a la Asamblea Legislativa que le exija un permiso judicial previo para realizar acciones de esta naturaleza.
"La Corte Suprema de Justicia no le ha dado a usted, señor procurador, una autorización en blanco ni amplia para ordenar la grabación de conversaciones telefónicas", señala Hoyos en una enérgica nota que envió ayer a Sossa, luego de conocer que éste ordenó intervenir los teléfonos del juez tercero civil, Jorge Lau Cruz, en el marco de una investigación por supuesta corrupción.
Agrega la nota que el artículo 18 de la Ley 13 de 1994 indica que las grabaciones son una "verdadera injerencia en la vida íntima de las personas" y que, por ello, sólo son legítimas en "casos excepcionales" y para que puedan ejecutarse, la autoridad competente debe celosamente constatar, previamente a su autorización, ciertos requisitos y condiciones.
Hoyos afirmó que pedirá a la Asamblea Legislativa que considere la conveniencia de exigir al procurador de la Nación la autorización previa de una de las salas de la Corte Suprema, que bien podría ser la nueva Sala de Garantías Constitucionales, para que pueda someterse a un control judicial, previo a un acto de enorme trascendencia para la vida privada y las libertades públicas.
Recuerda que la Corte estimó como requisitos previos a la autorización para la intervención telefónica que su causa esté prevista en la ley y que el acto de autoridad competente que la autorice esté revestido de formalidades legales y se especifique claramente sus propósitos.
Agrega que deben existir además serios y concretos indicios de la comisión de un delito grave y que se guarde absoluta reserva sobre aspectos distintos al objetivo de la grabación de la comunicación telefónica.
Por su parte, el procurador Sossa aseguró que "él es el único funcionario autorizado a realizar escuchas telefónicas y que también le corresponde calificar lo que es un delito grave, ya que la legislación nacional lo establece".
Aseguró que "la lucha contra la corrupción es difícil y contra la corriente", al tiempo que sostuvo que en la medida en que esta va siendo efectiva, "las fuerzas corruptas se alían y tratan de frenarlo y eso ha sido una constante en los últimos cuatro años".
Dijo que "no siente ninguna preocupación por la situación jurídica, ya que está seguro que le asiste la razón ", pero desconoce qué "fuerzas de otra naturaleza están impulsando esta acción".
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, pidió que Sossa sea enjuciado si no logra demostrar con suficientes méritos la necesidad de intervenir el teléfono del juez Lau Cruz.
Guevara dijo que Sossa es un ciudadano común, por lo que debe enfrentar el rigor de la ley en caso de que incurra en algún delito.
Indicó que la ley que autoriza la intervención de los teléfonos es bien clara y dispone que para una acción como esta debe cumplirse con trámites que requieren una denuncia formal, un proceso abierto y un expediente.
