El procurador de la Nación, José Antonio Sossa, aseguró que "existe una conspiración en su contra y alegó que si se le recortan los instrumentos para perseguir los delitos, el Ministerio Público no podrá ser efectivo", al tiempo que la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, le dio 48 horas para responder la denuncia criminal presentada por el juez tercero civil, Jorge Lau Cruz.
Sossa alegó que "hay un sector de personas que están conspirando contra la Procuraduría de la Nación", aunque rehusó mencionar a los posibles involucrados en la escalada contra esa dependencia.
"En este caso hay muchas cosas importantes, como la credibilidad y la fe que presta el Ministerio Público en la investigación de hechos que pueden ser de mucha gravedad o ser perjudiciales para la salud del país y que durante esa tarea se han despertado enemistades que no descansarán hasta paralizar este accionar", aseguró.
En tanto, Sossa en una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, reiteró que ha actuado en estricto apego a la ley y le expresó su preocupación por posibles reformas a las leyes que disminuyan su capacidad para perseguir los delitos, sobre todo, en los actos de corrupción.
A la vez, instó a Hoyos a "tener una evaluación objetiva que demuestre que las medidas vigentes han causado perjuicio o son inconvenientes" y aseguró que en todo momento ha actuado en función de las normas legales vigentes.
Destacó que nunca ha sostenido que la Corte le haya dado una autorización en blanco ni amplia para ordenar la grabación de conversaciones telefónicas y que lo expresado es que la Corte en su fallo de 6 de octubre de 1998 confirmó la constitucionalidad de la norma legal que le faculta para autorizar las intervenciones.
Por otra parte, Sossa presentó una querella por calumnia e injuria contra el abogado Santander Tristán, quien aseguró el pasado jueves que el procurador Sossa había autorizado la intervención de sus teléfonos.
Alegó que el abogado le formuló "hechos calumniosos en donde se le imputan delitos y actos con los que no tiene vinculación y que rechazo por falsos". En su denuncia solicitó que se llame a declarar al defensor del pueblo, Italo Antinori, y al presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, quienes acompañaron a Tristán durante las acusaciones vertidas.
Paralelamente, Tristán presentó una denuncia criminal contra Sossa ante la Procuraduría de la Administración y adjuntó un cassette y otras supuestas pruebas contra el jefe del Ministerio Público.
Ayer la procuradora Montenegro de Fletcher señaló que Sossa deberá responder una declaración jurada sobre la denuncia del juez Enrique Lau en un término de 48 horas y que tendrá que hacerlo por escrito en un cuestionario que le fue entregado.
En tanto, el gerente de reclamos de Cable & Wireless, Fidel Ramos, rechazó que empleados de esta empresa estén pinchando teléfonos y sostuvo que accedió a la solicitud del procurador Sossa de intervenir la línea del juez tercero porque la ley lo ordena.
