El Panamá América

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó anoche a la Asamblea Legislativa un proyecto que reforma la polémica Ley de Universalización de Incentivos Fiscales, ante la pérdida de B/.20 millones que experimentó el Estado en 1998 en recaudaciones fiscales por la vigencia de esta norma.
La iniciativa presentada por el titular del ramo, Fernando Aramburú Porras, busca reformar el artículo 6 de la mencionada norma, que ha sido identificado como el causante de la millonaria pérdida.
La Ley de Universalización de Incentivos Fiscales fue presentada a la Asamblea por el exministro de Planificación, Guillermo Chapman, y la misma causó polémica entre el Estado y varios gremios económicos del país.
Aramburú Porras afirmó que de no derogarse el mencionado artículo, todas las inversiones millonarias que tendrían que hacer las empresas que compraron recientemente las acciones del IRHE podrían quedar financiadas por el Estado, contrario a lo que se pretendía con la privatización de esta institución.
Una situación similar se podría suscitar con las empresas transnacionales que prestan los servicios de telecomunicaciones en el país y "esa no es la idea", recalcó.
Por medio de la Ley de Universalización de Incentivos Fiscales se modificó el artículo 702 del Código Fiscal y se dispuso la creación de un crédito directo contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) determinado por el contribuyente en base a la inversión realizada.
Explicó que esto significa que cada año al inversionista se le restaría un 25% de lo que tendría que pagar al Estado en concepto de ISR con respecto a la inversión realizada en ese mismo período fiscal, lo cual se traduce en que a la larga el Estado financiaría parte de estas inversiones.
El ministro solicitó a los legisladores que aprueben la derogación de este artículo que es "perjudicial, exagerado, demasiado oneroso y produce mermas" para el Estado, además de que no cumple con su propósito de incentivar la inversión.
Indicó que el Estado requiere de estos ingresos fiscales para sufragar los gastos correspondientes a la salud, educación y otras inversiones que corresponden al gobierno.
Además el futuro del país como sujeto de crédito de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) depende de la capacidad de continuar recaudando impuestos y hacer inversiones, así como de generar ahorros corrientes.
Según Aramburú Porras, la norma establecida en el artículo 6 de la mencionada Ley es aplicable a cualquier tipo de empresa, lo que la hace muy general.
La intención de la Ley fue buena, pero no ha sido bien aplicada y por el contrario ha sido mal interpretada porque fue redactada en forma muy amplia, manifestó el ministro.
El proyecto presentado por Aramburú Porras consta únicamente de dos artículos, el primero que establece la derogación del artículo 6 de la Ley y el segundo que establece que esta norma empezará a regir a partir de su aprobación.