El secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, no descartó la posibilidad de demandar por calumnia e injuria y extralimitación de funciones al defensor del pueblo, Italo Antinori, quien presentó supuestas pruebas sobre la autorización dada por el procurador José Antonio Sossa, a la Policía de Colón, para intervenir los teléfonos del ciudadano de origen árabe Walid Sayed y el abogado Santander Tristán.
Dijo que "es posible" que se demande a Antinori, pero no brindó mayores detalles sobre las futuras acciones del Ministerio Público. Agregó que en ningún momento esa dependencia autorizó la intervención telefónica contra el abogado Santander Tristán.
Detalló que en el caso de la familia Sayed, el Ministerio Público únicamente tuvo acceso a una grabación hecha por el padre de Walid Sayed en su propio teléfono y que luego fue entregada a la Policía Técnica Judicial (PTJ), como prueba en un caso de narcocheques y en el que aparece una conversación con el abogado Tristán.
Explicó que posteriormente Adel Sayed denunció ser objeto de un chantaje por parte de un grupo de personas que se hacía pasar por representante de altos funcionarios judiciales y que le solicitaba B/800 mil para liberar a su hijo Walid, detenido por el delito de lavado de dinero.
Alegó que el propio Walid Sayed participó en la operación encubierta con una grabadora incorporada a su cuerpo el día 12 de julio de 1996 y que la denuncia presentada por el abogado Santander Tristán se refiere a una conversación del día 8 de julio de ese mismo año.
Agregó que las afirmaciones de Antinori tratan de confundir a la opinión pública, al tiempo que destacó que éste ha transgredido la ley, porque no le está permitido investigar al procurador de la nación.
En consecuencia, manifestó Castillo, Antinori está incurriendo en los delitos de calumnia e injuria y extralimitación de funciones.
En tanto, el defensor del pueblo entregó una serie de supuestas pruebas a la Procuraduría de la Administración en donde sostiene que Sossa autorizó a la Policía de Colón a realizar intervenciones telefónicas a varios números.
En la documentación se incluye el oficio remitido al privatizado Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) en que la Fiscalía Tercera de Circuito de Colón pide intervenir algunos teléfonos por la existencia de una supuesta extorsión.
A la vez se mandó el oficio de 12 de julio de 1996 remitido por la Fiscalía Tercera al mayor Arturo Marquínez, entonces jefe de la Policía en Colón, para que procediera a las grabaciones telefónicas.
