El Panamá América

La firma de abogados Solís, Endara, Delgado y Guevara presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia dos demandas contra el nombramiento del fiscal electoral, Gerardo Solís, por la supuesta alteración de su currículum vitae para ocupar el cargo, y solicitó su separación del puesto por violar la ley.
En los recursos se pide la nulidad del nombramiento de Solís, porque éste engañó al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa con la falsificación de la información que sustenta su solicitud de idoneidad para aspirar a este cargo. Alegan además que las resoluciones de nombramiento y ratificación de Solís deben ser declaradas nulas.
Señalan que para acceder al cargo de fiscal electoral, Solís debía tener 10 años de ejercicio de la profesión de abogado o el mismo período como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, condiciones que, aseguran, éste no cumple.
También se establece que Solís aportó un documento en donde se hizo pasar como asesor presidencial en la Zona Libre de Colón de 1986 a 1990, cuando en realidad el cargo que ocupaba era el de administrador III.
A la vez se indica que como administrador III no podía ejercer la función de abogado como ha pretendido hacer ver y que de 1994 a esta fecha ha desempeñado una serie de actividades que no le permitieron el ejercicio del derecho.
También señala que no hay evidencia en los archivos de los juzgados segundo judicial, así como en el sexto y cuarto municipal de poderes legales o representación judicial que certifique que Solís haya ejercido en esos tribunales.
En los recursos se acredita que Solís tampoco puede aspirar a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ya que ha quedado demostrado que no cuenta con la idoneidad correspondiente.
El Ejecutivo emitió un documento legal que certifica que Solís cumple con todos los requisitos para ser elegible para el cargo de magistrado de la Corte.
Por otro lado, los recursos señalan que todos los actos realizados por Solís a la fecha son nulos e ilegales y que éste ha quedado inmerso en un proceso penal, por lo que debe ser suspendido de manera inmediata del cargo.