El Panamá América

El contralor Gabriel Castro reconoció que la Contraloría General de la República pudo ser engañada, luego de aceptar que sus auditores no se percataron del desfalco por B/.1 millón que se registró en el Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS).
"La Contraloría General de la República fue falible (que puede engañarse), al no detectar las irregularidades, pero es algo que puede suceder en cualquier lugar", acotó.
Manifestó que hay muchos mecanismos que se pueden utilizar para evadir a los auditores de la Contraloría, a pesar de que se tratan de aplicar la mayor cantidad de controles.
"La Procuraduría tendrá que llamar a juicio, ya sea a un ministro o exministro, legislador e inclusive al presidente, no hay caso de protección a ningún funcionario", apuntó Castro.
Detalló que los resultados preliminares del áudito efectuado por la Contraloría demuestran que el MIVI desembolsó B/.41,156.16 para la compra de sacos de cemento, pero los proveedores nunca cumplieron con la entrega de esos materiales.
Indicó que falta por determinar si las irregularidades se registraron durante la gestión del exministro Francisco Sánchez Cárdenas o su sucesor Gerardo Solís, porque es claro que fueron antes del actual titular de Vivienda, Roosevelt Thayer.
Las declaraciones del contralor se dieron durante una reunión con el defensor del pueblo, Italo Antinori, quien le entregó una resolución donde admite una queja sobre la falta de conocimiento público en el manejo de las partidas presidenciales y circuitales, y pide un informe detallado de las mismas.
En la reunión, Antinori leyó parte de los resultados del áudito preliminar donde figuran como proveedores presuntamente involucrados en las irregularidades, Ventas de Cementos, Inversiones Hernández e Inversiones Materiales Mil y Sol.
Castro sustentó que el MIVI pagó por los materiales, sin embargo al momento de efectuarse las inspecciones en el almacén central de la institución no estaban físicamente.
Recalcó que la Contraloría seguirá investigando con mayor detenimiento porque "pueden haber muchas" más irregularidades o malversaciones con otros materiales.
"Cuando se trata de una denuncia sobre desfalco millonario la Contraloría no puede hacer una investigación en dos o tres días, sino que requiere de un período de tiempo", explicó.
"Yo no puedo hacer declaraciones a lo loco, ni puedo adelantar información u opiniones que puedan dañar a una persona, hasta que no esté seguro de lo investigado", puntualizó.
Por otra parte, el contralor sustentó que el fondo de las partidas confidenciales de la Presidencia de la República fue utilizado en su mayoría para emergencias médicas y necesidades de la población panameña.
"La mayor parte de este dinero fue empleado en gastos inmediatos que no estaban contemplados en el Presupuesto Nacional del Estado", señaló.
Anotó que la mayor parte del dinero de las partidas fue utilizado para urgencias médicas del Hospital Santo Tomás, aparatos de tomografía, anestésicos y operaciones en el exterior.
"Todos estos gastos son presentados a la Contraloría los cuales los verifica y finiquita, luego fenece", señaló.
El contralor también negó que se pretenda descongelar los bienes cautelados por la DRP al empresario Enrique Pretel.