La creación de la denominada Sala Quinta ocasionó ayer una acalorada discusión entre los magistrados de la Corte Suprema Graciela Dixon y Edgardo Molino Mola, por las declaraciones que éste último brindó sobre la supuesta injerencia del Ejecutivo en el Organo Judicial.
Una fuente, que solicitó reserva de su identidad, reveló que durante un pleno celebrado ayer se produjo un fuerte intercambio de palabras entre Dixon y Molino Mola, quienes mantienen posiciones encontradas en cuanto a la creación de la nueva sala.
El agitado pleno terminó con la emisión de un comunicado en el que se asegura que la Corte toma sus decisiones y actúa de manera autónoma e independiente.
La fuente informó que la reunión del pleno se originó luego de que Molina Mola declarara que es una vergüenza la injerencia y control que mantiene el Ejecutivo sobre el Organo Judicial con la complacencia y subordinación de algunos magistrados y legisladores.
El comunicado que emitió la Corte señala que la "actuación de los magistrados al tomar las decisiones de su competencia se realiza de manera independiente, autónoma, en estricto derecho y sin la injerencia del Organo Ejecutivo ni de ningún otro ente público o privado, extraño al Organo Judicial".
En el documento, los magistrados rechazaron "enérgicamente toda declaración que se haya hecho en sentido contrario a estos postulados y que el Organo Judicial es independiente del Estado y está integrado debidamente según las disposiciones de la Constitución Nacional".
Por otra parte, en medio de severas críticas y un ambiente tenso, el presidente de la Comisión de Gobierno, Roberto Abrego, presentó anoche al pleno de la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley 88, que crea la Sala Quinta.
Durante la presentación del proyecto, Abrego explicó que la urgencia notoria de este proyecto busca que el mismo sea introducido en el orden de mañana para su inmediata discusión.
Por su parte, la legisladora arnulfista, Gloria Young, calificó la creación de esta sala como un "proyecto desconocido y oportunista".
Agregó que el 98% de los sectores del país no han discutido este proyecto, porque el mismo es inconsulto y además "es un intento vulgar de controlar la Corte Suprema de Justicia".
Abregó rechazó estas afirmaciones y negó que el proyecto haya sido inconsulto, ya que los grupos que fueron convocados a su discusión nunca acudieron.
"Nosotros no tenemos la culpa de que ellos no vengan a debatir, cumplimos con el hecho de informarles", añadió.
Por otra parte, el también opositor, Alberto Cigarruista, manifestó que este proyecto no sólo busca apoderarse de la Corte Suprema, sino también de la Asamblea Legislativa toda vez que los legisladores de la alianza Nueva Nación, podrían entorpecer la labor de Moscoso elevando recursos de inconstitucionalidad que serían aprobados por la nueva sala.
En tanto, el legislador perredista, Miguel Bush, criticó la actitud del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Fabián Echevers, de cuestionar la creación de esta sala y le preguntó ¿por qué no dice en sus críticas que un Habeas Corpus toma hasta 60 días para ser resuelto?.
Citó varios casos en donde los recursos de Habeas Corpus son manipulados por lo que denominó el "Grupo de la Llave", conformado por juristas que han criticado fuertemente este proyecto y que tienen confundida a Mireya Moscoso con el fin de "volver a lo que era antes de 1990 el sistema jurídico panameño".
Por su parte la Asociación de Abogados Gremialista llamó a una "rebelión nacional contra la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y de Casación Laboral", y existe un "fondo político de tratar de manejar el Estado desde el Organo Judicial".
El abogado Rafael Rodríguez reveló que sólo en salarios, el nombramiento de los tres magistrados de la Sala Quinta causará erogaciones por un total de B/.360,000 y que ello no incluye a sus suplentes y todo el equipo necesario para su funcionamiento.
