La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, el Colegio de Abogados y el Comité Panameño por los Derechos Humanos acordaron presentarse hoy a la Asamblea Legislativa para solicitar cortesía de sala con el fin de pedir el regreso a primer debate del proyecto de ley que crea la Sala Quinta de Garantías Constitucionales y de Casación Laboral.
Luego de una reunión en la sede de Justicia y Paz, estas agrupaciones decidieron que lo más saludable para el país es que este proyecto se devuelva a primer debate, ya que se trata de tema que no puede debatirse "a tambor batiente".
El presidente vitalicio del Comité Panameño por los Derechos Humanos, Osvaldo Velásquez, afirmó que el temor que existe por parte de estas organizaciones es que al ser presentado el proyecto en segundo debate, la Asamblea se declare en sesión permanente "y cuando amanecemos el sábado ya han dado curso al asunto en pocas horas".
Manifestó que el interés de la Asamblea Legislativa en aprobar la Sala Quinta, es otorgar al presidente Ernesto Pérez Balladares la capacidad de "ejercer maniobras políticas no éticas para seguir ejerciendo influencia en el país".
Velásquez indicó que durante la reunión el presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, expuso razones legales contundentes para evitar que se apruebe el mencionado proyecto.
Según lo expuesto por Guevara, en estos momentos se necesita crear más fiscalías en lugares apartados del país y no aprobar una Sala Quinta que traerá algunas "injusticias sociales", aseguró Velásquez.
"Uno de los lugares que más necesita estas fiscalías es La Chorrera, sin embargo, el mismo legislador Abrego es el que más empuja el proyecto (en la Asamblea Legislativa), en vez de conseguir para esta ciudad más fiscales y personal judicial para evitar la mora", enfatizó.
De acuerdo con Velásquez, la aprobación de este proyecto sin la debida consulta sería una violación a los derechos humanos, que consagran que todo ser humano debe opinar y ser escuchado en temas de interés colectivo.
Señaló que el Comité Panameño por los Derechos Humanos mantiene la posición de que la Sala Quinta viola las garantías fundamentales, debido a que la decisión de aceptar o no un Habeas Corpus recaerá únicamente en dos magistrados.
