El Panamá América

Por lo menos dos firmas de abogados fueron beneficiadas directamente con el manejo de la tramitación de visas para ciudadanos chinos que se convirtió en un "monopolio" que favorecía a personas allegadas al gobierno, según reveló el abogado Ramón Castellanos.
Castellanos afirmó que la tramitación de las visas se canalizaba directamente a través de ciertas firmas de abogados con nexos con la Dirección de Migración y que sacaban de circulación al resto de abogados que litigaban en esa institución.
Destacó que al momento de entregar la solicitud de visado ante la dirección, a los peticionarios se les solicitaba el número de teléfono de su cliente, quien luego era llamado para informarle que cambiara de abogado y se dirigiera a uno de los bufetes con nexos con las autoridades de migración.
También explicó que la situación llegó a tal extremo que conseguir la prórroga de una visa, trámite a realizar en dos o tres días, se extendía hasta cinco meses si no se utilizaban los servicios de los bufetes elegidos.
Mencionó que sería prudente realizar una auditoría administrativa de la tramitación de visas durante la administración de Germán Gil Sánchez por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión en la concesión de las visas.
Dijo que esas circunstancias pudieron conducir a un claro enriquecimiento ilícito por parte de los funcionarios encargados de la tramitación de las visas. Alegó que inicialmente la tramitación de una visa costaba B/.400 y luego esa cantidad fue aumentando al surgir nuevas exigencias.
Detalló que hubo dos abogados víctimas de estas circunstancias que se quejaron públicamente de esa situación y fueron expulsados de la Dirección de Migración. Reveló que entre éstos se encuentran Orlando Ramos y Arturo Arosemena.
En tanto trascendió que funcionarios y exfuncionarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen fueron citados a la fiscalía de Drogas para responder sobre la forma en que los ciudadanos chinos podían entrar y salir de la terminal aérea sin dejar registros.
Una fuente ligada a las investigaciones reveló también que las autoridades estadounidenses están tras la pista de un ciudadano panameño responsable de la introducción de 500 chinos a Miami y quien presuntamente tiene nexos con funcionarios del Organo Ejecutivo.
A la vez trascendió que la ex jefa del Consejo de Seguridad Nacional, Samanta Smith, mantenía profundas diferencias con la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Victoria Figge, y que en ocasiones incluso la responsable de la seguridad del Estado no firmaba los memorandos para el pago de viáticos a los funcionarios de UAF.
Las diferencias, en más de una ocasión, causaron situaciones de literal confrontación entre ambas funcionarias y el trabajo dentro de la Presidencia de la República se mantuvo en un ambiente de tensión, aseveró una fuente bien informada.