La desaparición de documentos oficiales y eliminación de archivos de la red de computadoras fue detectada en varias instituciones gubernamentales por la administración de Mireya Moscoso, lo que podría provocar acciones penales contra los exministros de Estado y directores de estas entidades.
El ministro de Salud, José Terán, advirtió que es un delito borrar información sobre trámites estatales, por lo que perseguirán penalmente a los responsables de este ilícito.
Indicó que en esta dependencia borraron todas las informaciones por orden del propio despacho superior, tal como lo ha corroborado el Jefe de Sistemas del ministerio.
Detalló que otras de las dependencias donde se borró información oficial fue en la Presidencia de la República y el Ministerio de Gobierno y Justicia.
"Es claro que borrar información de Estado es un delito por lo que perseguiremos a los responsables hasta las últimas consecuencias", planteó Terán.
Explicó que el jefe de Sistemas del Ministerio de Salud se negó a borrar la información porque consideró que esto era un delito, pero se dio la orden a otras personas que estaban encargadas de los sistemas y procedieron a hacerlo.
En tanto, el titular de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, también confirmó que en esta dependencia se eliminó bastante información oficial y sostuvo que se verifican los detalles del ilícito.
Sustentó que se han encontrado muchas irregularidades en las instituciones estatales que ameritan un estudio profundo y fehaciente que demorará varios días más.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Alejandro Martín Posse, señaló que en esta institución se encontraron irregularidades en el manejo de la planilla.
"Había movimiento de personal de la institución que pusieron en la Asamblea Legislativa, situación que no es correcta", explicó.
Recalcó que hay casos de protección de personas y otras que cobraban sin efectuar sus labores, y ahora al llegar a la institución le hemos dicho que ya es tarde.
En tanto, el legislador arnulfista, Alberto Cigarruista, advirtió que el gobierno va a despedir a todos aquellos funcionarios que cobran y no trabajan, así como a las "botellas" que aparecieron por las instituciones públicas después que Martín Torrijos perdió las elecciones presidenciales.
Cigarruista dijo ante el pleno que aquellos que ahora piden que no se les destituya del engranaje gubernamental, son los mismos que hace pocos años despidieron a su sobrina que estaba embarazada y a su hermano que tenía 23 años de trabajar en el gobierno, por el único delito de llevar su apellido y ser familiares de un político de oposición.
Añadió que en un país con tanta pobreza como Panamá no hay tiempo para las "vacas sagradas" y por eso van a destituir a todos aquellos funcionarios que cobran altos salarios sin trabajar.
Le recordó a todos sus colegas, tanto de gobierno como de oposición, que ahora lo que vienen son tiempos de cambio y hay que aceptarlos, indistintamente de la posición política de cada uno.