La junta directiva del Instituto Nacional de Cultura (INAC), presidida por el ministro de Educación, Pablo Thalassinos, contrariando la opinión de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher y de los asesores legales de la institución, y firmó una Resolución que reglamenta "los trabajos de arqueología subacuática en todo el territorio nacional".
Según la procuradora, si esa resolución se dictaba sin introducir antes los cambios legales que le dieran sustento, se expone al Estado al riesgo de una demanda "por proceder violando la ley", en cuyo caso habría que declarar ilegal la resolución y todo lo actuado con base a ella.
Según informes logrados por este diario, el presidente Ernesto Pérez Balladares estuvo en todo momento al tanto del dictamen así exteriorizado por la señora procuradora.
En efecto, José Franco, director del INAC, indicó al mandatario "que esta resolución permite el rescate, la venta y exportación de objetos arqueológicos sin que se haya modificado la Ley 14, lo cual constituye un hecho por de más contradictorio e incompatible".
"La situación es preocupante para nuestra institución porque, aun cuando deseamos actuar y otorgar los permisos correspondientes, sabemos que estaríamos violando una ley, por ende colocando al Gobierno Nacional en una posición muy delicada", informó Franco al presidente.
Poco después, el gobernante instruyó al director Franco a través de la asesora presidencial, Nitzia Villarreal, que siguiera "lo instruido por la procuradora de la Administración, que como usted señala en su nota, según consulta elevada, indicó que la única forma de proceder era mediante una reforma a la Ley 14 del 5 de mayo de 1982 que dicta las pautas para la administración y protección del patrimonio cultural".
Posterior a ello, Franco presentó inesperada renuncia a su cargo de director de la entidad.
Contactado el ministro Thalassinos, aclaró que la resolución en referencia no se ha implementado y que desde hace meses el gabinete envió a la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que permitiría la regulación de las exploraciones submarinas. Ningún contrato se ha concedido hasta ahora, hasta que la modificación legal sea efectiva.
