La Iglesia Católica, a través de su máximo representante, el arzobispo José Dimas Cedeño se sumó al clamor de diferentes agrupaciones de la sociedad civil y le solicitó al presidente de la República, Martín Torrijos que objete las reformas hechas al Código Penal, aprobado recientemente en la Asamblea Nacional. Pidió al mandatario que analice los artículos que tienen que ver con el combate a la corrupción y la irregular administración de las finanzas públicas.
Según el religioso, Iglesia recoge el clamor de muchos sectores para que el presidente revise bien la Ley y vea si tiene fallas y partes débiles, a fin de evitar que vayan en función del bien común y no de los intereses de los corruptos.
La posición de la Iglesia fue bien recibida por los demás grupos que solicitan la objeción presidencial.
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