Justicia. De un tiempo para acá y sin que la sociedad se haya enterado de algún cambio notable en la legislación penal vigente, algunas de las personas señaladas por la comisión de delitos, especialmente de aquellos contra la administración pública, no son ubicados y arrestados por las autoridades, sino que entran en un extraño e inaudito proceso de negociación de las condiciones para su entrega.
Derecho. Hasta donde conocemos, en Panamá impera un Estado de Derecho, por lo que nos extraña sobremanera ese tipo de "negociación de condiciones de entrega" como si en nuestro país y en nuestro derecho penal se consagraran violaciones a la integridad.
Procuraduría. La Procuradora General de la Nación tiene la obligación constitucional de perseguir los delitos, ordenando la conducción y el arresto de los personas señaladas que se encuentren prófugas. Cuando se evidencie que el sistema funciona para todos, se habrá ganado respeto.