COMISIÓN.
Las revelaciones períodísticas sobre la comisión de $33 millones que cobraría una empresa en Panamá por gestionar y agilizar los trámites del contrato de radares y otros equipos de seguridad son alarmantes.
LEYES.
Las autoridades judiciales en Panamá deben adelantar una investigación, para aclarar este caso y sentar en el banquillo a todas las personas involucradas a este escándalo.
REVISION.
Las operaciones de Selex deben ser evaluadas en Panamá. Al igual es necesario iniciar un proceso de revisión de los controles que aplica la Contraloría a todos los convenios y contratos con otros gobiernos para evitar más sorpresas.
