La comisión de Gobierno de la Asamblea de Diputados aprobó, en primer debate, un proyecto de Ley que castigaría con 15 años de prisión a quienes comentan el delito de secuestro y tortura.
Sin embargo, la condena podría aumentar a 20 años si están involucrados funcionarios, policías, agentes de seguridad o de investigación, detalló la Secretaría de Comunicación del Parlamento.
El documento, presentado por la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, y aprobado ayer, miércoles, por la comisión legislativa, establece también que el servidor público que someta a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud o dignidad, será sancionado con dos a tres años de prisión.
Además, si el castigo es infamante, arbitrario o se le aplica a un menor de edad, la sanción sería de entre cinco u ocho años de cárcel.
El presidente de la comisión legislativa de Gobierno, Hernán Delgado, calificó como "supremamente importante" la propuesta, ya que -según dijo- pretende corregir el incumplimiento de la obligación contraída por el Estado, al momento que aprobó y convirtió en Ley de la República las convenciones contra la tortura y la desaparición forzada de personas.
