El costo económico para el Estado y el desgano político de las autoridades locales mantienen a más de 464 mil habitantes que conforman el sector oeste, en la espera de que se concrete el proyecto de la décima provincia del país.
La lucha tiene 28 años, pero las expectativas crecieron el 7 de septiembre de 2010, cuando el presidente Ricardo Martinelli se comprometió -durante la entrega de la orden de proceder para la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera- a que “el proyecto sería aprobado en este periodo de gobierno”.
En aquel entonces, el escenario político era distinto, dice el alcalde de La Chorrera, Javier Herrera, al tratar de dar una explicación de las razones que enfriaron el proyecto.
“Antes comíamos en un mismo plato, ahora no”, expresó el alcalde, que forma parte de las filas del Partido Panameñista. “Está difícil que en este periodo la iniciativa se materialice, ojalá me equivoque”, concluyó Herrera.
Por su parte, el diputado oficialista Rubén Frías, a quien le correspondió entregar el proyecto al Pleno aquel 18 de enero de 2011, en compañía de otro grupo de diputados, insiste que la intención existe, pero el costo económico y la falta de acuerdo para fijar la cabecera de la provincia mantienen estancado el tema en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional.
Allí, una comisión especial que integran los ocho diputados del área oeste están a cargo de hacer los estudios de factibilidad para determinar cuál sería la ciudad más potable para albergar la capital de la provincia. Hasta la fecha la comisión sigue sin resultados.
“Son múltiples los factores que deben combinarse, y cada uno de los distritos cuenta con los elementos necesarios para este objetivo”. Esta es la opinión de Valentino Reefer, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, capítulo de La Chorrera, una agrupación que aglutina a 41 empresarios locales.
La disputa por la capital de la provincia se fundamenta en tres puntos que ocurren en escenarios distintos. La explotación turística en Chame y San Carlos, el crecimiento de la población de Arraiján (220 mil 779 habitantes y el desarrollo comercial y de infraestructura que tiene La Chorrera.
Desde 1984, Celio Gutiérrez, presidente del Comité Pro Décima Provincia, guarda como un tesoro el primero de los documentos con este mismo fin. “Es la quinta ocasión que impulsamos la iniciativa y no desistiremos hasta lograrlo”, expresó Gutiérrez.
El dirigente anunció que con la reciente instalación de la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Nacional, el grupo insistirá en que en este periodo se discuta en primer debate el proyecto.
Los sectores políticos y económicos coinciden en que el acelerado crecimiento urbanístico e inmobiliario de Arraiján y La Chorrera lo convierten en el foco de atención para la adquisición de viviendas a bajo y mediano costo.
Mientras, en Capira, Chame y San Carlos, la explotación del turismo de playa con hoteles resort y su cercanía con el aeropuerto internacional, que se construye en Río Hato, incidiría en que el área sea más atractiva para el turismo internacional.
