Desde el año 2005, seis años antes de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia reviviera la llamada Sala Quinta, representantes de los tres poderes del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil plasmaron en blanco y negro la necesidad de crear una Sala de Instituciones de Garantías.
La propuesta formó parte de los 27 acuerdos que se elaboraron en el denominado Pacto de Estado por la Justicia; un documento que además contenía metas a corto y mediano plazo para mejorar la administración de justicia en el país.
La iniciativa que busca “el resideño de la justicia constitucional, específicamente sobre instituciones de garantías” es la número cinco en el documento que fue entregado al expresidente Martín Torrijos en septiembre de 2005.
“Para el año 2007, los panameños y extranjeros podrán acudir a defender sus derechos y garantías fundamentales a la Sala de Garantías de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá competencia legal para resolver los procedimientos de amparo, sin excesivo formalismo, lo que significará mejorar el acceso a la justicia de las personas de forma más expedita, directa y a menor costo”, detalla la propuesta que debe ejecutar el Órgano Judicial.
Incluso, en los documentos que las organizaciones de la sociedad civil utilizan para darle seguimiento a los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia marcan que esta propuesta “no se ha cumplido”.
Sin embargo, el tiempo transcurrió sin que la propuesta se concretara y fue el pleno de la Corte Suprema de Justicia el que restableció el funcionamiento de la Sala Quinta al declarar inconstitucional la derogación de esa instancia en 1999, bajo el mandato de la expresidenta Mireya Moscoso. Y es que la llamada Sala Quinta fue creada durante la administración del presidente Ernesto Pérez Balladares, meses antes de que finalizara su mandato.
Fue un 25 de enero de 2011, cuando se declaró legal la conformación de una nueva instancia en la Corte integrada por tres nuevos magistrados para que resolvieran los recursos de amparos de garantías y “habeas corpus”.
Desde entonces, juristas y políticos mantienen un debate sobre la pertinencia de poner a funcionar esta nueva sala en estos momentos.
Por ejemplo, un grupo de notables abogados, que se nombró para reformar la Constitución, se inclina por una Corte Constitucional más que por una Sala.
La idea es que más allá de resolver los amparos de garantías y los "habeas corpus", los siete magistrados que integrarían esta nueva corte también vean los "habeas datas" y temas relacionados con la materia constitucional.
“Va a tener todo el sistema de garantías civiles, la eficacia o efectividad de los derechos fundamentales (amparos, “habeas corpus”, “habeas data” y todo lo que serían derechos fundamentales), así como la guarda de la Constitución Nacional, las acciones de inconstitucionalidad, las consultas, las advertencias. Esta corte deberá pronunciarse para la aprobación de los tratados internacionales, para que no haya probabilidad de choques con la constitución a la hora de ratificar un tratado internacional”, explicó la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien forma parte del grupo de notables encargado de redactar las modificaciones a la Constitución.
Esta propuesta, junto al resto de los cambios que se proponen, debe ser entregada al presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Paralelamente a la propuesta de los constitucionalistas, circula otra iniciativa en la Asamblea Nacional, además, incluye propuesta como las autorizaciones de intercepciones de llamadas telefónicas.
Dicha propuesta, que impulsa el diputado de Cambio Democrático, Hernán Delgado, recibió el rechazo de los dirigentes de los partidos políticos de oposición, entre ellos, del Partido Revolucionario Democrático, colectivo que gobernaba cuando se creó la Sala Quinta en 1999.
Mediante un comunicado pagado, la Asamblea Nacional informó que “no está reviviendo la Sala Quinta, la regula para adecuarla al ordenamiento jurídico actual”. El proyecto de ley modifica algunos artículos del Código Penal para adecuarlo al funcionamiento de esta nueva instancia.
Para los diputados opositores Leandro Ávila, del PRD, y José Varela, del Partido Panameñista, la única intención del presidente Ricardo Martinelli con esta propuesta es tener mayor control de la Corte.
Ávila, incluso, habla de un artículo que se ha hecho para tratar de amedrentar a los diputados de la República, "cuando es el pleno de la Corte el que toma y juzga a un diputado, este artículo está planteando que básicamente un solo magistrado de la Sala pudiera tomar decisión sobre los diputados y a mí no me parece que sea correcto".
Por su parte, Varela plantea además, que Martinelli considera que logrando el control de la CSJ puede impulsar un fallo que le dé la posibilidad de poder reelegirse.
