Cualquier persona, sobre todo los voceros políticos, opina en contra o a favor del Proyecto de Ley del Ejecutivo en donde se le autoriza a utilizar los B/. 1,300 millones, y la venta del 49% de las acciones en Cables & Wireless. Unos, interesados en favorecer al gobierno, otros, porque estratégicamente no les conviene que los fondos sean utilizados en la actual administración. En el último caso el de la oposición.
Lo que opinan unos y otros, no parece sustancioso como para que los panameños los respaldemos en esa vía. Hace falta una voz extra oficial, divorciada del jaleo politiquero, que con sabiduría y razonamiento científico, le recomiende al país (y por supuesto a la Asamblea Legislativa que tiene el privilegio de la última palabra) las alternativas más prudentes de cómo utilizar mejor esos millones para que rindan los beneficios que el país requiere.
Me refiero a la opinión de reputados y distinguidos economistas, banqueros, industriales, financistas y hasta políticos que tiene Panamá. Ellos viven y conocen el mundo de los negocios modernos. Bien pueden dar una recomendación objetiva al proyecto de ley, o armar uno nuevo que pueda conciliar los criterios encontrados. No para complacerlos, sino para el bien del país.
Comprar o no comprar los Bonos Brady, lo mismo que vender o no las acciones del Estado en Cables & Wireless, no debe ser una decisión que se ajuste exclusivamente a complacer al gobierno o a la oposición, como antes dije. Como no soy experto en estas disciplinas, mi opinión llana me dice que los Fondos Fiduciarios para el Desarrollo (FFD) están ahora en buen recaudo. Sin embargo, me pregunto si es suficiente el proyecto de esos intereses que nos garantizan por el momento. Igual interrogante tengo en si al país le conviene deshacerse por completo de la propiedad del negocio de las comunicaciones. Al respecto, entiendo que la propuesta oficial está casada con las proyecciones de inversión para soluciones sociales. Hay que conocer cuál es el tipo de estrategias financieras, concretas, y creo que aquí es donde está el nudo. Y aquí es, a mi parecer, donde haría un buen aporte el equipo de intelectuales y técnicos a los que me he referido en el párrafo tercero.
Se me diría que la Comisión de Hacienda del Parlamento va agotar todos los recursos durante su discusión en primer debate. Allí van a estar presentes los más autorizados. Yo diría que los más interesados. Porque a los que llamo autorizados se van donde no se les llama ni se les consulta. Aparte de que no creo que sea la mesa que ellos desearían.
Así como van las cosas, me parece que el proyecto de ley va a transformarse en enmiendas impuestas por el voto mayoritario de la Asamblea Legislativa, con muy pocas opciones del ala gubernamental. Y si resulta del ala de la oposición, ellos cobrarán oportunamente sus créditos ante la opinión pública. Por lo tanto, es el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso, el que tiene que aportar para que su proyecto siga adelante. Porque a estas alturas un rechazo legislativo repercutiría no solamente durante el resto de su administración, sino también en la próxima campaña electoral.
Todos podemos entender que el gobierno necesita dinero para funcionar con éxito, y es lógico que busque donde hay. Nadie soportaría su mal uso. Todos respaldaríamos inversiones que ayuden a crecer ese capital de millones, pero que al mismo tiempo funcione para mejorar el nivel de vida de los panameños, que se garantice un retorno que lo haga crecer lo suficiente porque tarde o temprano convendrá recomprar a esas empresas cuyas ventas hoy nos proporcionan ese capital denominado Fondo Fiduciario para el Desarrollo.
La decisión es fundamental para la vida actual y futura del país. El resultado no debe ceñirse a caprichos de minoría o mayoría; a cegueras del oficialismo o de oposición. Es importante la visión inteligente y razonada de quienes son diestros en estos manejos tan delicados, para que se conviertan en las mejores alternativas de propuestas para los legisladores de la República.
