El magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, aseguró que la entidad garantizará que las elecciones sean totalmente seguras, especialmente seis días antes de las votaciones del 2 de mayo, cuando la Fuerza Pública pase a manos de la institución.
Cuestionó también la gran cantidad de casos de destrucción de propaganda política y advirtió que la entidad investigará hasta el final para dar con los responsables y sancionarlos.
Manifestó que en materia de seguridad siempre se tienen preocupaciones, pero indicó que afortunadamente el pueblo panameño ha madurado mucho y está actuando con mucha tolerancia, por lo que se espera que no haya ningún incidente que lamentar el día de las elecciones.
Precisó que el TE estará preparado para afrontar cualquier tipo de acto violento o clima de inseguridad, sobre todo al final del proceso, ya que seis días antes de la fecha de las elecciones toda la Fuerza Pública pasará a órdenes del TE en "materia electoral".
Detalló que la seguridad pública sigue siendo responsabilidad de los organismos competentes. "Estamos tomando las contingencias necesarias para que el proceso electoral sea muy seguro", sostuvo.
Pinilla se refirió también a la denuncia hecha por un legislador oficialista de que era intimidado por algunos políticos de su circuito, luego que una de sus activistas recibiera un disparo en una de sus piernas.
En este sentido, aseguró que hasta donde sabe, la denuncia del parlamentario está a nivel de los medios de comunicación e indicó que si tiene las pruebas o incidios concretos, tendrá que formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente, tampoco ha ayudado a la feliz evolución de esa ley, cuando la mayoría de sus fallos limita gran parte de los pedidos por información a que los mismos sean presentados por los propios interesados o involucrados en el hecho, entre ellos, V. Gr. los gastos incurridos por la presidencia del Legislativo, siendo fondos públicos. Por la misma razón, no es de extrañar que la misma firmante de la ley, la presidenta de la República Mireya Moscoso, incurra en igual negativa frente a solicitudes de información que en ese sentido le dirijan los ciudadanos, el Fiscal Electoral y el Defensor del Pueblo, sobre el manejo de las millonarias partidas discrecionales asignadas a su despacho.
Al respecto, llama la atención que fuera la propia mandataria Moscoso la que, en su mensaje de sanción de la ley, refiriéndose a la necesidad de adoptar la normativa planteada por su proponente, el legislador Blandón Figueroa dijo: "Efectivamente en muchas ocasiones el funcionario olvida que él se debe al servicio de la sociedad y que el principal derecho de todo ciudadano es el de escrutar la labor que el servidor público desempeña y es a quien él paga un salario con sus impuestos" (Defensoría del Pueblo. Democracia e Información, 2002, p. 24 y s.)
Debemos aspirar a perfeccionar la ley de transparencia, mediante la derogatoria del Decreto No. 124 de 21 de mayo de 2002 y la revisión de su texto, que contiene algunas contradicciones y vacíos que dieron margen a que mediante un simple reglamento se desconociera su letra y espíritu.
Sin acceso a información no es posible un pleno ejercicio de la libertad de expresión y menos de la libertad de información y de prensa.
