Mientras que el economista Juan Jované se sumó a las voces que se oponen a la eliminación del control previo de la Contraloría, pues considera que evita la corrupción en las entidades estatales; el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, defiende su cambio por el control posterior, para agilizar los trámites burocráticos.
Según Jované, con la eliminación del control previo la corrupción puede incrementarse, ya que no hay un contrapeso que lo evite y deja a discreción de la ley aplicarlo a los casos que ella considere necesario, aumentando la probabilidad de actos ilícitos.
Explicó que para agilizar el control posterior se puede utilizar la tecnología, porque incluso el refrendo de cheques y partidas presupuestarias puede firmarse por vía electrónica, de tal forma que le dé velocidad a las gestiones del Estado.
Por su parte, García de Paredes considera que el control previo tiende de alguna manera a frenar las acciones del Estado, sobre todo cuando se ejerce de forma dura y autoritaria, pues la Contraloría llega a ocupar el puesto de coadministrador.
Explicó que eso significa que cualquier gasto que la institución quiera efectuar tenga que contar con el visto bueno de la Contraloría, que es la que determinara si debe o no hacerse.
Dijo que eso interviene con la administración pública y dificulta su proceso, aunque considera que también tiene algo bueno, porque fiscaliza a los funcionarios previamente y le recarga gran parte de la culpabilidad en cualquier acción ilícita.
El tema del control previo es analizado en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y es parte de las reformas constitucionales que propuso recientemente el Partido Revolucionario Democrático, a través de su máximo líder, Martín Torrijos, presidente electo.
