La decisión de la Asamblea Nacional de iniciar una supuesta investigación para determinar posibles cambios en los contratos de privatización del servicio de electricidad, fue bien vista por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el ombudsman Juan Antonio Tejada, los diputados deben recomendar cambios concretos en torno a esta legislación, toda vez que el servicio es deficiente y es necesario poner fin a los supuestos abusos en que incurren estas empresas.
Enfatizó que la revisión de los contratos, tanto de electricidad como telefonía, no tienen nada que ver con la seguridad jurídica de las compañías, tal como han planteado algunos empresarios.
Por su parte, el diputado opositor, Wigberto Quintero, indicó que las leyes emitidas por la Asamblea pueden ser revisadas, precisamente porque quien dicta las normas tiene la facultad de evaluarla en coordinación con los distintos estamentos del Estado para que haya coincidencia en algunos puntos.
La Comisión de Comercio presentará próximamente un informe del resultado de esta investigación al Ejecutivo, a fin de redefinir los contratos de privatización y otorgar nuevas facultades al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP).
Según Quintero, los diputados no sólo deben garantizar la seguridad jurídica tanto de las empresas de telefonía y electricidad, sino la de los usuarios que han recibido fuertes críticas.
Cabe mencionar, que la semana pasada se realizó una audiencia pública para tratar el tema de la electricidad, pero desafortunadamente para la mayoría de los participantes el aspecto del alza de las tarifas no fue abordado, porque según informó el ERSP, "no estaba contemplada en la agenda".
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