La embajadora de Estados Unidos, Linda Watt, criticó ayer el “desgaste y mala administración de los recursos panameños tanto físicos como humanos, las limitaciones a la Ley de Transparencia, la corrupción, licitaciones irregulares, la falta de una carrera administrativa y la existencia de leyes mordaza como obstáculos en el camino hacia la democratización del país”.
También dijo que le “preocupa mucho” la inmunidad parlamentaria, porque “perjudica al concepto democrático”, debido a que establece que ciertas personas están por encima de la ley.
Agregó que esta inmunidad destruye la confianza que el ciudadano debe tener en sus líderes político y sostuvo que este privilegio se convierte “inevitablemente” en “impunidad” del legislador.
Al paso de las críticas de Watt salió el presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, quien le pidió a la estadounidense que mantenga su papel como diplomática y sea más comedida en sus palabras.
Watt destacó la necesidad de que se apliquen las mismas reglas sin excepción en cualquier proceso de licitación, sin importar si son para comprar útiles de oficina o para otorgar una concesión multimillonaria de infraestructura.
“Al alterar las reglas sin consultar a quienes afectará, el funcionario preocupa a los inversionistas que podrían venir en el futuro, y cuanto más alto es el rango de ese funcionario, peor será la impresión que cause”, sentenció.
Recordó que al recibir un trato legal preferencial, ese mismo inversionista siempre tendrá temor de que en el futuro alguien logre competir con él a través de medios similares.
“En el aspecto económico y político también he visto los efectos negativos del juega vivo y de la búsqueda de intereses partidarios en detrimento del bien común”, anotó.
Enfatizó que la obligación de los funcionarios de rendir cuentas no termina con la entrega de una declaración jurada de bienes patrimoniales, sino que deben demostrar los más altos estándares de transparencia y honestidad.
Durante su disertación “Hacia una cultura Democrática” en la Cámara de Comercio, la embajadora enumeró características negativas que impiden que Panamá tenga un perfil mucho más positivo.
La embajadora de Estados Unidos, Linda Watt, sostuvo que los panameños deben exaltar todas las acciones en contra de aquellos servidores públicos que se involucran en actos ilícitos, sobre todo, exigir que los mismos no queden en la impunidad.
Watt recalcó que todos los ciudadanos deben saber cómo contribuir a las políticas del Estado y tener libre acceso a los canales institucionales para hacerlo.
"Panamá cuenta con una Ley de Transparencia, pero el espíritu de ésta parece haber sido desvirtuado mediante su reglamentación. El público tiene derecho de revisar las acciones y decisiones de los funcionarios públicos", acotó.
Reiteró que los funcionarios utilizan las leyes mordaza para no aceptar las críticas de los medios, aunque es claro que tienen derecho a la misma privacidad que posee el ciudadano común, pero no más.
"Los procesos penales por calumnia e injuria van en contra del principio de libertad de expresión y de la prensa", añadió.
Explicó que la corrupción y malversación de fondos conllevan costos que se pueden medir. La corrupción es el hurto a la Nación, y priva a los ciudadanos de su potencial y aspiraciones de un futuro más brillante, entre éstos: mejor educación, atención médica y acceso a los recursos básicos de subsistencia.
Por su parte, Jacobo Salas, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que a pesar de los niveles de subdesarrollo en que vive Panamá, los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de EU tienen más faltas y mucho más problemas que los panameños, razón por la cual no se justifica que un funcionario del gobierno de ese país haga cuestionamientos a la Asamblea Legislativa.
Recalcó que a pesar de toda la corrupción que se pueda vivir en algunos parlamentos de América Latina, los problemas de los norteamericanos están muy por encima de los estas naciones.
Indicó que vivió en EU durante diez años y tuvo la oportunidad de apreciar de cerca el sistema de gobierno de ese país, razón por la que está en capacidad de opinar al respecto.
En tanto, el ex embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, calificó las críticas de la embajadora como "fuertes, profundas y sinceras", sobre todo, un llamado de atención al país.
Negó que sea una intromisión en los asuntos internos de Panamá, sino un llamado para mejorar la democracia, donde se enumeran los puntos que requieren ser atendidos y no seguir debilitándonos.
También el presidente de Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, opinó que para que en el país haya seguridad jurídica debe haber una lucha frontal contra la corrupción.
"Todo lo que ha señalado la embajadora es el clamor popular, porque no se puede trasladar el deber de gobernar al sector privado ya que la excusa que se da es que existe corrupción de ambos lados", recordó.
Destacó que puntos como la reglamentación de la Ley de Transparencia, los criterios para asignar la publicidad estatal y el alto presupuesto de la Asamblea Legislativa son fallas que deben ser corregidas.
Sustentó que la necesidad de ejecutar la declaración jurada de bienes de los funcionarios y códigos de ética, así como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, son aspectos por los cuales el país clama.
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