Según el subdirector de la entidad, Samuel Buitrago, ambas instituciones planean un acuerdo para embargar carros, casas y todos los bienes materiales que el IFARHU no puede cautelar, con el único interés de que los morosos le paguen a la institución.
Precisó que en la medida en que se paguen los préstamos adeudados con el IFARHU, en esa misma forma podrán prestar y dar más becas a otros estudiantes. "Nuestra situación es similar a la de la Caja de Seguro Social... Si la gente no nos paga lo que nos debe, vamos a colapsar y eso no lo vamos a permitir", destacó.
Buitrago informó además que en este mes entregarán la primera partida para el pago de becas, que este año asciende a 5 millones de balboas.
También enfatizó que aplicarán el plan de asistencias económicas para Bocas del Toro y la comarca Ngöbe Buglé, como parte del programa del gobierno, con miras a respaldar a estas zonas.
Este también salvó su voto en la decisión de la Corte del 30 de agosto de 2002, en donde se devolvieron B/.300,000 a los colombianos Luis Carlos y Mario Herrera, quienes mantenían un sobreseimiento provisional por delitos relacionados con drogas.
Otro fallo cuestionado por Arjona es la liberación otorgada por la Corte para Julio César Espinosa, el 15 de junio de 2004, quien era acusado de colaborar en la fuga del narcotraficante Fernando Requena Duval.
Adicionalmente, el 28 de febrero de 2003 y julio de 2004, Arjona también desaprobó la declaración de no viable a un hábeas data presentado por el abogado Guillermo Cochez, para conocer el manejo de los fondos de la Fundación Mar del Sur.
Arjona debe sustentar ante la Asamblea Nacional las denuncias hechas, para producir una investigación.
El magistrado presidente de la Corte, José Troyano, asegura que los fallos se dieron dentro del marco legal.
La ex magistrada Aura Emérita Guerra de Villalaz sostiene que no siempre existen decisiones unánimes sobre los expedientes.
