El obispo de Darién, Rómulo Emiliani, coincidió con los señalamientos expresados en la encuesta presentada ayer por la empresa CID-Gallup en donde se establece que la presencia guerrillera en el área de Darién es un factor de peligro para la seguridad nacional.
Emiliani estimó que las incursiones de personal armado en la región darienita no sólo es un peligro para sus pobladores, sino que es un factor de riesgo para el resto de la población, ya que produce una situación de inseguridad generalizada.
No obstante, explicó que existe un incremento de la presencia militar en el sector fronterizo, pero que es necesario darles equipo sofisticado para que puedan efectuar una labor de disuasión efectiva.
Reveló que a pesar de ello hace tres días un joven indígena fue atacado por un grupo de 30 personas que andaba por las riberas del río Tuira y que pretendía introducirse en Unión Chocó, donde también se han producido situaciones de hostigamiento contra las unidades de la policía.
Dijo que estos hechos causan zozobra entre la población, ya que se desconoce cuáles son las intenciones de estos grupos que ejecutan ataques indiscriminados contra residentes de diferentes poblaciones.
El peligro de esto, aseguró, es que se puede tratar de una guerra sicológica en donde se puede contagiar al resto de la población y las autoridades deben garantizar la soberanía nacional en toda la frontera.
Dijo tener informes que la situación del lado colombiano de la frontera se está agudizando y que ello se puede ir extendiendo hacia el lado panameño y ocasionar confrontaciones con grupos bien armados.
Planteó que después de Boca de Cupe hasta la frontera existe un vasto territorio sin presencia policial, que se ha convertido en una zona de distensión similar a la que existe en Colombia y que puede ser utilizada por cualquier grupo insurgente.
Por su parte, el exdirector de la Policía Nacional, Oswaldo Fernández, discrepó con la apreciación del 18% de los encuestados, que señala que la situación en el Darién es la principal amenaza para la seguridad nacional.
Según Fernández, el principal peligro es el narcotráfico y que en el Darién operan algunos grupos armados conectados con narcotraficantes que ejecutan toda clase de acciones ilegales y se pueden convertir en una verdadera amenaza.
El exjefe policial dijo estar de acuerdo con el 79% de los encuestados en la necesidad de establecer un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, pero que bajo ninguna circunstancia se debe permitir la presencia de personal y equipo en el territorio nacional.
La presencia militar de otras fuerzas no es necesaria para garantizar la seguridad del país y refutó las afirmaciones del 66% de los encuestados, quienes aseguraron que el país es menos seguro desde la salida de los norteamericanos.
Aseguró que esta situación obedece a una imagen mental por parte de los panameños, quienes consideran que sin los norteamericanos la guerrilla colombiana se tomará el país, cosa totalmente falsa.
Estimó que la percepción de la población en este sentido se debe a que el Gobierno no ha logrado ejecutar las políticas necesarias para combatir la criminalidad y lograr la resocialización de los convictos.
Aquí no ha ocurrido nada que pueda señalar la falta de competencia de las fuerzas de seguridad para brindar protección al territorio nacional y preservar la soberanía y que esta apreciación no se debe usar como excusa para pedir la presencia de fuerzas extranjeras.
A su juicio no se ha logrado trabajar mucho con respecto al tema de la prevención de la criminalidad y en ello se traduce la reincidencia de quienes salen de las cárceles por la falta de oportunidades para encontrar un empleo.
Explicó que de acuerdo con su experiencia la mayoría de los delitos cometidos en el país tienen algún grado de relación con las actividades del narcotráfico y que ello debe ser causa de preocupación por parte de las autoridades.
No obstante, consideró necesario la ejecución de un profundo análisis de las políticas de seguridad y una integración efectiva de todos los estamentos de seguridad para combatir de forma efectiva la violencia y la delincuencia.
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