Dirigentes empresariales dejaron claro que están en contra de que se suspendan los proyectos hidroeléctricos aprobados, tal y como exigen los indígenas de la comarca Ngäbe-Buglé.
En una reunión efectuada en la sede del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la dirigencia del gremio que agrupa a empresarios de todo el país, mostró su preocupación porque detener proyectos hidroeléctricos atentaría contra la seguridad jurídica de las empresas.
Iván Barría, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, quien actuó como vocero, destacó que Panamá goza de un crecimiento sostenido y con él, una demanda de consumo eléctrico que requiere de este tipo de proyectos.
Advirtió que suspender los proyectos traería como consecuencia una cantidad de procesos legales en los que nadie quiere entrar y que afecta la credibilidad del país en materia de inversión.
Además, conllevaría a demandas millonarias para el Estado. "Actualmente tenemos que importar petróleo y carbón, que son fuga de divisas en materia de energía”, expresó.
Barría, en nombre de los gremios empresariales, admitió el derecho que tienen las comunidades indígenas, pero defendió que se debe continuar con los proyectos hidroeléctricos de manera responsable.
“Cualquier proyecto que se vaya a desarrollar dentro de una comarca debe traer una mejoría en las condiciones de vida de las comunidades, porque están prestando sus tierras para el bien del resto del país”, recalcó.
Manifestó que hay dos proyectos aprobados o que están por hacerse en el área de la comarca, y uno de estos, en construcción, solo cruza parte de ese territorio.
Sobre la preocupación de los indígenas de que se atenta contra los recursos hídricos de la comarca, explicó que las hidroeléctricas que se están construyendo ahora son de "pasada" (sin represas). Sustentó que ese tipo de hidroeléctrica no afecta en nada el cauce de los ríos.
Diálogo.
Transcurridas diez horas de discusión del artículo 5 del proyecto de Ley 415, las autoridades comarcales y el Ejecutivo no lograban ponerse de acuerdo.
Pasada las nueve de la noche, las conversaciones se trancaron luego que el Gobierno hiciera una propuesta y la Coordinadora de Lucha Indígena presentara su contrapropuesta.
La parte gubernamental propuso eliminar el artículo 5 del proyecto para cancelar todas las concesiones de exploración y explotación de los recursos mineros e hídricos dentro de la comarca.
La propuesta que inicialmente fue solicitada por la dirigencia indígena recibió una segunda contrapuesta, en que todas las decisiones futuras sobre el desarrollo de proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca y área anexas sean sometidas a “referéndum”.
La petición fue objetada por el ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega, quien solicitó una explicación precisa sobre el alcance de la propuesta que los grupos indígenas denomina “áreas anexas”.
De inmediato Javier Víquez, asesor de la coordinadora, explicó que se trata de comunidades indígenas fuera de la comarca pero con potestad para tomar decisiones porque se trata de áreas pertenecientes a la comarca. Al cierre de esta edición, en el Salón Azul de la Asamblea se mantenía la discusión sobre el tema.
