La no "discriminación" empresarial y la "libre competencia" en los contratos del gobierno pidieron algunos empresarios, luego de que un cable filtrado a Wikileaksreveló que la ex embajadora de los Estados Unidos, Barbara Stephenson, se quejó de supuestas "anomalías" en la compra de generadores de energía portátiles a un costo de 55 millones de dólares en el 2010.
El vicepresidente del Sindicato de Industriales, Ricardo Sotelo, expresó que la libre competencia garantiza mejores ofertas al Estado, principalmente en el negocio de la energía, que "es complicado", ya que existen empresas con mucha capacidad.
Sotelo recomendó a las autoridades conocer cómo se desarrolla el mercado para obtener una participación más efectiva en sus actos públicos.
Esta posición la comparte el ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Guillermo Villarreal, quien lamentó que EE.UU. no se haga eco de las críticas que en un momento han hecho los empresarios locales sobre la utilización de las licitaciones por invitación y las contrataciones directas.
"Todo acto público que discrimine a cualquier proponente que llene las especificaciones de la licitación riñe con la moral y las buenas costumbres, además de que deja muchas dudas", puntualizó Villarreal.
Por su parte, el empresario Aurelio Barría expresó que estos reclamos en procesos de licitaciones públicas crean una mala atmósfera y podrían perjudicar la ratificación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
