Empresas eléctricas insisten en aumento

El defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, pidió ayer una "mayor y más rápida intervención estatal" ante el reciente anuncio de un nuevo incremento de las tarifas del servicio de electricidad, y exhortó a la Corte Suprema de Justicia a resolver un recurso de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto contra el anterior aumento.
La solicitud de la Defensoría del Pueblo se da luego de conocerse la aspiración de las empresas eléctricas de lograr un nuevo incremento en las tarifas del servicio que prestan, que entrarían en vigor en enero de 2005, a pesar que la Corte no ha definido el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el Ombudsman contra el anterior aumento, debido a que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) omitió el trámite de previa consulta ciudadana.
En ese sentido, Tejada dijo estar a la espera que el Ente Regulador honre el compromiso adquirido por su entonces presidente, José Domingo Palermo, de convocar de manera previa y oportuna una consulta ciudadana, de acuerdo con lo que establece la Ley de Transparencia, antes de aprobar el solicitado incremento.
La Defensoría considera necesario que las aspiraciones de incremento de la tarifa sean confrontadas con las exorbitantes utilidades netas que reportan las empresas eléctricas, sacrificando los principios de bienestar social y de interés público que deben inspirar la prestación de este servicio.
Agrega que las "altas tarifas" por la electricidad constituyen un verdadero freno al desarrollo económico y social del país, pues representan un alto costo operativo de las empresas nacionales, situación que limita la competitividad de los sectores productivos.
A juicio de Tejada, esta situación amenaza "la paz social", que es uno de los mayores activos que tiene Panamá, en comparación con lo que acontece en la región.
Al reiterrar la necesidad de una "mayor y más rápida intervención estatal", el defensor consideró importante la definición de la estrategia energética que requiere el país, reestructurando la "Comisión de Política Energética", organismo que pese a sus importantes atribuciones no ha jugado ningún papel desde su creación, mediante Ley N° 6 de 1997.
Tejada sostiene que a falta de una política energética el Estado panameño ha subsidiado dos veces la tarifa eléctrica, teniendo que utilizar algo más de 26 millones de balboas, que pudieron ser invertidos en el sector social, como la construcción de escuelas, hospitales y vías de acceso en zonas rurales.
"La falta de una buena diligencia en esta materia, a no dudarlo, representa un alto costo para los ciudadanos", acotó.
Tejada dijo ver con "moderado optimismo" las posibilidades de lograr un acuerdo de inicio de cronograma de trabajo para la interconexión eléctrica con países de la comunidad andina en la búsqueda de fuentes de energía barata.