Las empresas que participaron en la licitación pública para la contratación de una plataforma que permita una Red multiservicios para entidades estatales, pueden demandar al Estado, considera el abogado Ernesto Cedeño Alvarado.
Si algunas de la compañías (Cable & Wireless, Cable Onda y Telefónica Movistar) que acudieron a este acto se siente afectada, Carles estima que podrían presentarse ante el Tribunal de Contratación Pública o hasta en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El letrado reflexiona que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental no puede rechazar de manera "antojadiza" todas las propuestas presentadas en un acto de licitación. Aunque se hayan amparado en el artículo 59 de la Ley 22, Cedeño aprecia que debieron adecuar la decisión tomando en cuenta otros artículos que hablan de la obligatoriedad que tiene el Estado de adjudicar cuando hay ofertas válidas.
Para este abogado la acción de la autoridad debilita el principio de transparencia. Al tiempo que opina que para ejecutar esa determinación debieron hacerlo con antelación luego de ver los pro y los contra.
Agrega que la medida se puede interpretar como una exclusión del escenario a las empresas pequeñas.
